La Policía Nacional en labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en el departamento del Meta.
La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos enfrenta un momento de tensión por cuenta de la discusión en Washington sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidrogas. En un análisis publicado por The New York Times, el Gobierno estadounidense evalúa si recortar la ayuda militar al principal productor mundial de cocaína, mientras que autoridades colombianas defienden con cifras los avances alcanzados en materia de seguridad. El debate, que se resuelve el próximo 15 de septiembre, podría tener consecuencias directas en la cooperación más antigua y estrecha de Washington en América Latina.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró en entrevista con el diario estadounidense que Colombia lucha contra el narcotráfico con voluntad férrea, pese a los enormes desafíos y sacrificios que ha supuesto esta guerra. Según explicó, entre enero y septiembre de 2025 las autoridades nacionales lograron un aumento del 8% en las incautaciones de cocaína frente al mismo periodo del año pasado, así como un crecimiento del 21% en la destrucción de laboratorios clandestinos. Adicionalmente, las Fuerzas Armadas reportaron la neutralización de 3.200 miembros de grupos ilegales vinculados al narcotráfico, lo que representa un incremento del 17%.
El alto funcionario destacó que estas cifras no incluyen las bajas sufridas por el Ejército y la Policía en medio de operaciones antidroga, lo que refleja el costo humano de la estrategia. “Nosotros consideramos que hemos hecho todo lo necesario y todo lo que está al alcance. Si hay alguien que tenga una voluntad férrea para combatir el narcotráfico es Colombia”, afirmó Sánchez en su declaración a The New York Times.
El debate surge en momentos en que la administración de Donald Trump, que endureció sus acciones militares contra narcotraficantes en el Caribe y cerca de aguas venezolanas, analiza paralelamente si debe mantener o reducir la ayuda a Colombia, un socio histórico en la lucha contra las drogas. Durante más de dos décadas, el país ha recibido miles de millones de dólares en asistencia militar y logística, especialmente a través del Plan Colombia y sus sucesores, además de compartir inteligencia clave sobre rutas, redes y envíos de cocaína.
Sin embargo, el aumento reciente en los cultivos ilícitos y en la producción de cocaína ha reactivado la discusión en Washington sobre la efectividad de la cooperación. Para algunos sectores políticos de Estados Unidos, los resultados no corresponden a la magnitud de los recursos invertidos, mientras que para otros la descertificación sería un error estratégico que dejaría el terreno libre a las mafias.
El embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, también intervino en la discusión y advirtió sobre los riesgos de una decisión adversa. “Una hipotética descertificación sería muy injusta, perjudicaría definitivamente a Colombia, perjudicaría también a Estados Unidos y, en definitiva, solo beneficiaría a los narcotraficantes”, expresó.
El análisis de The New York Times señala que, de no aprobarse la certificación, las consecuencias serían graves: suspensión de cientos de millones de dólares en ayuda, imposición de sanciones y restricciones de visado a funcionarios colombianos, además del debilitamiento de una de las alianzas diplomáticas y militares más sólidas que Washington mantiene en América Latina. La periodista Genevieve Glatsky, autora del artículo, advierte que el impacto no se limitaría al plano bilateral, sino que podría afectar la seguridad regional y los esfuerzos por frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
Expertos consultados por el medio estadounidense coinciden en que recortar la ayuda a Colombia socavaría los intentos de frenar el narcotráfico en la región. Señalan que el país ha sido un socio confiable en compartir información de inteligencia, entrenar tropas conjuntas y liderar operaciones contra organizaciones criminales transnacionales. Reducir esa cooperación, sostienen, podría debilitar la capacidad del Gobierno colombiano de contener a los grupos armados que controlan territorios estratégicos para la producción y tráfico de cocaína.
El Ministerio de Defensa de Colombia recuerda que el país ha mantenido un esfuerzo constante, incluso en medio de cambios de gobierno y modelos de seguridad. Las políticas han incluido erradicación manual, aspersión aérea, campañas de sustitución voluntaria y fortalecimiento del pie de fuerza en las regiones más afectadas. Pese a ello, las dinámicas del narcotráfico, la pobreza rural y la expansión de actores armados han complicado los resultados a largo plazo.
La eventual descertificación también tendría un costo político para la administración de Gustavo Petro, que ha planteado en escenarios internacionales la necesidad de cambiar la estrategia global contra las drogas. Mientras el Gobierno insiste en que la represión por sí sola no ha sido efectiva y que se requiere un enfoque basado en justicia social y economías sostenibles, Estados Unidos mantiene su presión para lograr resultados inmediatos en la reducción de cultivos ilícitos.
El dilema refleja la tensión entre dos visiones: una más punitiva y otra más estructural. Para el Gobierno colombiano, la cooperación con Washington sigue siendo fundamental, pero debe adaptarse a un modelo más integral que combine seguridad con desarrollo rural. Para sectores en Estados Unidos, en cambio, el énfasis debe mantenerse en las operaciones militares y de erradicación.
El 15 de septiembre será la fecha clave en la que Washington anunciará si Colombia mantiene la certificación en la lucha antidrogas. Una decisión negativa abriría un escenario de incertidumbre en la relación bilateral, mientras que una certificación positiva reforzaría la cooperación, aunque no resolvería las diferencias de fondo en la estrategia.
Lo cierto es que, como lo subrayó el ministro Sánchez, Colombia reafirma que ha demostrado voluntad y sacrificio en la lucha contra el narcotráfico, y que cualquier decisión debe tener en cuenta no solo las cifras, sino también el costo humano, social y político que el país ha asumido en más de cinco décadas de guerra contra las drogas.
Acerca del autor
