Zonas como el Catatumbo han permitido el desarrollo de planes piloto dentro de enfoques más avanzados en la lucha contra el narcotráfico.
Colombia avanza en un viraje histórico con la implementación de la nueva política de drogas en Colombia, presentada por el presidente Gustavo Petro bajo el lema “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”. La estrategia, con horizonte a diez años (2023-2033), busca transformar las condiciones de vida de las comunidades afectadas por la economía ilícita, dejando atrás la visión represiva que ha predominado desde 1971 y abriendo paso a un enfoque integral, social y ambiental.
El anuncio oficial se realizó el 3 de octubre de 2023 en El Tambo, Cauca, con la participación de campesinos, comunidades étnicas y sectores históricamente golpeados por el narcotráfico. “Queremos cambiar esta economía, lograr que el campesinado y las comunidades étnicas puedan prosperar, y mostrar al mundo que una política que no se base en represión ni corrupción estatal puede ser mucho más eficaz”, expresó el presidente Petro durante el lanzamiento.
La nueva política de drogas está construida sobre dos pilares principales, denominados Oxígeno y Asfixia, que buscan atender de manera simultánea las necesidades sociales de las comunidades y golpear las estructuras financieras y logísticas del narcotráfico. Estos componentes, además de incluir elementos de regulación, erradicación y diplomacia internacional, marcan un giro innovador frente al modelo prohibicionista que ha regido durante más de cinco décadas.
El pilar Oxígeno se enfoca en apoyar el tránsito hacia economías lícitas mediante proyectos agrícolas sostenibles, fortalecimiento de la seguridad alimentaria y restauración de ecosistemas afectados por cultivos ilícitos. Asimismo, plantea abordar el consumo de sustancias psicoactivas desde un enfoque de salud pública y de derechos, alejándose del paradigma punitivo que criminalizaba a los consumidores.
Por su parte, el pilar Asfixia busca debilitar las rentas y capacidades de las organizaciones criminales, mediante el control de insumos, la interdicción marítima, fluvial y aérea, y el combate a la corrupción vinculada al narcotráfico. También incluye una estrategia de persecución de finanzas ilegales y lavado de activos, además de promover diálogos de paz y procesos de sometimiento como mecanismos de reducción de violencia.
La regulación de mercados constituye otro aspecto central de la estrategia. El plan contempla avanzar en la regulación del cannabis de uso adulto, así como en los usos no psicoactivos de la hoja de coca, reconociendo los saberes ancestrales de comunidades étnicas. El Gobierno busca liderar un esfuerzo diplomático internacional que impulse un cambio de paradigma en la forma de abordar el fenómeno de las drogas, insistiendo en que la guerra tradicional ha fracasado en su objetivo de reducir la producción y el consumo.
En materia de erradicación, la política establece la meta de reducir 90 mil hectáreas de cultivos ilícitos. De estas, 69 mil se harán mediante mecanismos voluntarios de sustitución, mientras que 23 mil corresponderán a cultivos industriales de alta escala que serán erradicados forzosamente. Con ello se pretende ofrecer un equilibrio entre la voluntad de transformación de las comunidades y la necesidad de frenar la expansión de los cultivos de coca.
El impacto esperado de la estrategia es contundente: el Gobierno estima que con su implementación las finanzas ilegales podrían perder entre 55 y 86 billones de dólares en una década. Asimismo, el programa permitirá que cerca de 50 mil familias, de las 115 mil que actualmente dependen de la coca como sustento principal, logren transitar hacia actividades económicas legales y sostenibles.
Territorios como el Catatumbo y el Cañón del Micay han sido priorizados como laboratorios de esta transformación. En estas zonas, el Estado busca garantizar presencia institucional, proyectos productivos, acceso a tierra y fortalecimiento de la economía campesina, como una manera de cerrar el paso a las economías ilícitas.
El presidente Petro ha insistido en que la política antidrogas no puede seguir centrada únicamente en la represión, las cárceles y las extradiciones. En su lugar, plantea una política de justicia social que apunte a las raíces del problema: pobreza rural, exclusión, falta de oportunidades y degradación ambiental. “Se trata de sembrar vida para desterrar el narcotráfico”, afirmó el mandatario durante la presentación de la estrategia.
La iniciativa también reconoce la importancia de articularse con agendas globales como la lucha contra el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al incluir la restauración de ecosistemas estratégicos y la acción climática en territorios cocaleros, la política conecta el desafío de las drogas con la crisis ambiental que enfrenta el planeta.
Desde la perspectiva diplomática, Colombia busca convertirse en referente de un modelo alternativo que combine seguridad con justicia social. La cancillería trabaja en posicionar el tema en escenarios multilaterales, insistiendo en la corresponsabilidad de los países consumidores y en la necesidad de superar el enfoque punitivo que ha demostrado ser ineficaz.
A dos años de su lanzamiento, la política “Sembrando vida desterramos el narcotráfico” se perfila como un experimento ambicioso que será observado por la comunidad internacional. Su éxito dependerá de la capacidad del Estado para garantizar presencia institucional en zonas históricamente abandonadas, brindar alternativas reales a las familias campesinas y mantener un equilibrio entre los componentes sociales y represivos de la estrategia.
En definitiva, la nueva política de drogas en Colombia no solo busca reducir los cultivos ilícitos, sino transformar de manera integral las condiciones estructurales que sostienen el narcotráfico. Más que una estrategia de seguridad, se plantea como una apuesta por la paz territorial, el desarrollo rural y la justicia social.
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