Canciller, Rosa Yolanda Villavicencio.
Colombia propone una nueva ruta global contra las drogas tras reconocer el fracaso de más de cinco décadas de una guerra centrada en la represión que no logró frenar el narcotráfico ni mejorar las condiciones de vida en los territorios productores. El Gobierno del presidente Gustavo Petro plantea un modelo alternativo basado en justicia social, reforma agraria, economías sostenibles y corresponsabilidad internacional, con lo cual busca convertirse en referente de una política transformadora frente a un fenómeno que sigue afectando a millones de personas en todo el mundo.
Durante recientes intervenciones, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, presentaron los pilares de esta propuesta que Colombia impulsa en escenarios multilaterales, en especial bajo la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La apuesta consiste en superar la visión punitiva y militarizada de la lucha antidrogas, para avanzar hacia un enfoque integral que transforme la vida en el campo y reduzca la dependencia de las comunidades hacia los cultivos ilícitos.
La ministra Carvajalino explicó que la política no se trata solo de cambiar coca por otros productos, sino de generar una verdadera transición hacia economías lícitas sostenibles que garanticen ingresos dignos, fortalezcan el arraigo territorial y protejan el medio ambiente. En este sentido, destacó los avances de proyectos de café, cacao, frutales y sistemas agroforestales que ya se están implementando en regiones como el Catatumbo, el Cauca y Nariño, zonas históricamente marcadas por la expansión de la coca y la ausencia del Estado. Para Carvajalino, la clave está en que la sustitución se vincule a procesos de redistribución de tierras y de reconocimiento de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas como protagonistas de la nueva economía rural.
La canciller Villavicencio, por su parte, insistió en que el narcotráfico no puede seguir viéndose como un problema exclusivo de los países productores. Recordó que la coca existe porque existe un mercado internacional que la demanda y que, por lo tanto, se requiere una corresponsabilidad global en el tratamiento del tema. “No se trata únicamente de operaciones militares, sino de transformar territorios con justicia social, soberanía alimentaria y paz”, enfatizó. Para Colombia, la lucha contra las drogas debe integrarse a las agendas de paz, cambio climático y desarrollo sostenible.
La nueva ruta global contra las drogas busca así cambiar el relato internacional. En lugar de insistir en erradicaciones forzadas que han mostrado resultados limitados, el país plantea construir un discurso común desde el sur global que promueva soluciones integrales. Con esta visión, Colombia ha llamado a la unión de países latinoamericanos y caribeños para que, en foros internacionales, se presente una propuesta unificada que deje en evidencia las injusticias del modelo represivo actual y abra espacio para una política de corresponsabilidad en la que los países consumidores también asuman compromisos reales.
Para la ministra Carvajalino, el campo colombiano es el verdadero motor de este cambio. Reiteró que convertir al agro en el eje de una nueva economía no solo permitirá sustituir la coca, sino también fortalecer la seguridad alimentaria y garantizar un desarrollo más equitativo. “Estamos construyendo un modelo que demuestra que la salida está en la agricultura sostenible, en el trabajo digno y en el reconocimiento de los derechos rurales. La guerra contra las drogas no puede entenderse sin la deuda histórica de la reforma agraria en Colombia”, aseguró.
De hecho, las zonas más afectadas por los cultivos ilícitos han sido aquellas con mayores carencias estructurales. En departamentos como Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Cauca, la falta de presencia estatal, la precariedad de vías, salud y educación, sumado a la concentración de tierras, facilitó la expansión de la coca. El Gobierno actual reconoce que sin resolver estas causas estructurales, cualquier intento de sustitución estará condenado al fracaso. Por ello, los programas impulsados desde el Ministerio de Agricultura incluyen no solo apoyo productivo, sino también inversión en infraestructura, acceso a mercados y asistencia técnica.
La canciller Villavicencio agregó que la nueva ruta global contra las drogas también busca abrir un debate sobre los modelos de regulación en países consumidores. Recordó que ya existen experiencias de legalización del cannabis en Norteamérica y Europa, y que estos procesos deben evaluarse con seriedad para aprender lecciones que puedan aplicarse a futuro con otras sustancias. “Colombia no está planteando una receta única, pero sí está señalando que el modelo represivo fracasó. Necesitamos explorar caminos de regulación que disminuyan el poder de las mafias y protejan la salud pública”, afirmó.
El mensaje de Colombia ha sido recibido con atención en distintos escenarios internacionales. Expertos en política antidrogas han señalado que el enfoque propuesto por el país responde a un consenso creciente en torno al fracaso de la guerra contra las drogas, que en 50 años no logró reducir el consumo ni el narcotráfico, pero sí dejó un saldo de violencia, criminalización y daños ambientales. Organismos como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han coincidido en que la represión por sí sola no es suficiente y que se requieren enfoques alternativos más integrales.
Con esta propuesta, el Gobierno de Petro busca posicionar a Colombia como un actor líder en la construcción de un nuevo paradigma global. No se trata únicamente de resolver un problema interno, sino de promover un cambio en la manera en que el mundo entiende y enfrenta el fenómeno de las drogas. La combinación de justicia social, reforma agraria, economías lícitas y corresponsabilidad internacional pretende sentar las bases de una estrategia que, aunque ambiciosa, apunta a reducir la violencia, transformar el campo y construir un futuro más justo y sostenible.
El fracaso de la guerra contra las drogas dejó una huella profunda en Colombia: desplazamientos, miles de muertos, criminalización de campesinos y daños a ecosistemas estratégicos. Hoy, el país plantea que de esa experiencia amarga surja un nuevo camino. Con la nueva ruta global contra las drogas, Colombia no solo busca liberarse de un modelo que le ha traído más dolor que soluciones, sino también ofrecer al mundo una alternativa que articule paz, desarrollo y sostenibilidad.
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