Petro denuncia millonaria defraudación: $8 billones perdidos en la DIAN
El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, realizó una grave denuncia pública sobre una estructura de corrupción enquistada en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Según el mandatario, el Estado colombiano ha sido víctima de una defraudación billonaria que alcanza los 8 billones de pesos, facilitada por el diseño y la manipulación de las plataformas tecnológicas que deberían controlar el recaudo y las importaciones. En una declaración desde la Casa de Nariño, el jefe de Estado fue tajante al señalar que el software utilizado para los registros de declaraciones de renta y detección de contrabando está “hecho para robar”, permitiendo una fuga sistemática de recursos públicos hacia las arcas de organizaciones criminales.
El foco de la denuncia recae sobre el software Lucía, una herramienta arquitectónicamente vulnerable que, según Petro, no permite un control real sobre el flujo de dinero y mercancías. El mandatario explicó que esta “arquitectura del robo” ha permitido que, a lo largo del tiempo, se acumule un desfalco que supera cualquier registro previo en la entidad. La cifra de 8 billones de pesos representa el techo de la defraudación determinada hasta el momento, lo que equivale a una parte considerable del presupuesto nacional destinado a programas sociales. Para el presidente, no se trata de errores técnicos aislados, sino de una construcción deliberada para favorecer el crimen organizado.
La gravedad de la situación no es solo financiera, sino también de orden público y seguridad nacional. Petro vinculó estas irregularidades con la violencia que azota a la entidad, recordando el asesinato de Gilberto Calao, quien se desempeñaba como director regional de la DIAN en Tuluá, Valle del Cauca. El mandatario advirtió que las bandas criminales de “alto calibre”, como la liderada por el capturado alias ‘Pipe Tuluá’, han tomado control de porciones importantes de la entidad. “La DIAN ha sido tomada por una banda mafiosa; si no se hace lo que ellos determinan, matan”, sentenció el mandatario, subrayando que hay múltiples funcionarios bajo amenaza de muerte por negarse a colaborar con los delincuentes.
Una de las modalidades de fraude más sofisticadas detectadas involucra el uso indebido del Plan Vallejo, un programa diseñado originalmente para incentivar las exportaciones eximiendo de impuestos la importación de insumos. De acuerdo con la investigación, mafias con acceso a las claves del software Lucía suplantan la identidad de empresarios legítimos para ingresar grandes cantidades de mercancía de contrabando sin pagar tributos. El presidente aclaró que este contrabando no es un delito aislado, sino que constituye el mecanismo principal para el lavado de activos provenientes del narcotráfico. “El contrabando es siempre el lavado de dólares de la cocaína”, afirmó, vinculando directamente estas redes con los carteles de la droga.
En cuanto a la magnitud del ingreso ilegal de bienes, el Gobierno Nacional identificó al menos 499 “levantes fraudulentos”. Petro explicó que cada uno de estos procesos falsos puede involucrar hasta 200 contenedores de mercancía. Bajo este esquema, cientos de tractomulas cruzan las fronteras y llegan a zonas francas o bodegas sin vigilancia alguna, para luego distribuir los productos en pequeños camiones hacia los puntos de venta al público. Este ciclo no solo desfalca a la nación al evadir impuestos, sino que destruye la industria nacional al inundar el mercado con productos que no cumplen con las obligaciones legales.
La investigación, liderada por la Inspección General de Tributos, también arrojó resultados sobre la evasión de grandes capitales. Se descubrió que funcionarios corruptos facilitan que poderosos grupos económicos dejen de pagar impuestos alterando los registros en el sistema. Los focos rojos de esta actividad delictiva han sido localizados en puntos estratégicos como el puerto de Cartagena, los aeropuertos de Medellín y Bogotá, así como las zonas francas de Buenaventura, Palmaseca en Cali, y el municipio de Maicao en La Guajira. El mandatario ordenó a la DIAN implementar medidas de control inmediatas en estos sitios para frenar la hemorragia de recursos.
Como resultado de estas pesquisas, ya han sido identificados 116 funcionarios de la DIAN y del servicio de aduanas que están bajo investigación formal. El presidente Petro confirmó que los nombres de estas personas han sido entregados a la Fiscalía General de la Nación para que se inicien los procesos penales correspondientes. No obstante, el jefe de Estado manifestó su preocupación de que estos investigados sean solo “una pequeña parte” de la red criminal. Hizo un llamado a la justicia para que actúe con celeridad y rigor, evitando que el caso quede en la impunidad como ha sucedido con otros grandes escándalos de corrupción aduanera en el pasado.
Finalmente, el mandatario reiteró que su administración no cederá ante las amenazas de las bandas mafiosas que pretenden mantener el control de los puertos y las aduanas. La renovación del software y la depuración del personal son pasos críticos para recuperar la soberanía económica del país. El presidente concluyó que la lucha contra el contrabando es, en esencia, una lucha contra las finanzas del narcotráfico, y que la única forma de garantizar la inversión estatal en salud, educación e infraestructura es sellando los huecos por donde hoy se escapan billones de pesos que pertenecen a todos los colombianos.
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