Petro logra restitución histórica de tierras para etnias
El Gobierno del Cambio, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha marcado un hito en la reparación integral de las víctimas al lograr la restitución de 279.585 hectáreas de tierra para pueblos étnicos en apenas tres años de gestión. De acuerdo con el más reciente balance de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con corte al 15 de diciembre de 2025, esta administración ha sido responsable del 43% de todas las hectáreas devueltas a comunidades ancestrales desde que se sancionó la Ley 1448 en el año 2011. Este avance representa un cambio significativo en la política de tierras, priorizando el retorno de territorios colectivos que fueron arrebatados o abandonados a causa del conflicto armado en diversas regiones del país.
Bajo la dirección del mayor Giovani Yule, la Unidad de Restitución de Tierras ha enfocado sus esfuerzos en los derechos étnico-territoriales, logrando resultados que superan la gestión de administraciones anteriores. De la cifra global alcanzada por este gobierno, 88.303 hectáreas han sido entregadas formalmente a comunidades indígenas, mientras que 191.282 hectáreas corresponden a consejos comunitarios de comunidades negras y afrocolombianas. Este despliegue institucional busca resarcir el daño causado a grupos que, por su especial protección constitucional, requieren un tratamiento diferenciado y urgente para garantizar su pervivencia física y cultural en sus territorios de origen.
La productividad de la entidad ha mostrado una curva ascendente durante el último bienio. Solo en lo corrido del año 2025, la URT consiguió la restitución de 160.724 hectáreas a través de 16 sentencias judiciales emitidas por jueces especializados. Esta cifra supera lo logrado en 2024, año en el que se emitieron nueve providencias que permitieron el retorno de 88.321 hectáreas. Además de los fallos en los tribunales, la administración de Giovani Yule ha enfatizado en la entrega material y simbólica en el territorio, cumpliendo con las órdenes judiciales que exigen la presencia del Estado en zonas históricamente olvidadas por la institucionalidad para validar el regreso de los pobladores.
Enelia Salinas Chivatá, directora de Asuntos Étnicos de la URT, informó que la gestión judicial también ha registrado cifras sin precedentes. Durante los últimos tres años, la entidad ha radicado 367 demandas étnicas de un total histórico de 614, lo que significa que el 59% de la carga judicial en favor de estas comunidades se ha gestionado durante la actual administración. Este impulso procesal es vital para las 506.800 personas, integradas en 105.771 familias pertenecientes a comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que actualmente se encuentran a la espera de un fallo definitivo que les devuelva la propiedad de sus tierras.
El análisis de la extensión territorial demandada revela aún más el cambio de velocidad en la política de tierras. En los más de 14 años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se han presentado demandas por un total de 12.866.595 hectáreas. De ese gran total, 8.140.125 hectáreas han sido radicadas bajo la dirección del mayor Yule, lo que equivale al 63% de toda la gestión realizada por los gobiernos colombianos desde 2011. Este esfuerzo administrativo refleja una prioridad política por agilizar los procesos de reclamación de los pueblos ancestrales, quienes han sufrido el despojo de manera desproporcionada durante décadas de violencia.
La restitución de tierras no solo implica la entrega de un título de propiedad, sino que conlleva un proceso de reconstrucción del tejido social y económico. Muchas de estas hectáreas recuperadas en departamentos como Chocó, Cauca, Nariño y la región Caribe, son fundamentales para la seguridad alimentaria de las comunidades y para el ejercicio de su autonomía política. Al recuperar el control sobre sus selvas, ríos y llanuras, los pueblos étnicos pueden retomar sus prácticas tradicionales de producción y conservación ambiental, elementos que son pilares en la propuesta nacional de transformación hacia una economía productiva y en armonía con la naturaleza.
El proceso de restitución enfrenta desafíos constantes, especialmente en zonas donde persisten estructuras de grupos armados ilegales que intentan oponerse al retorno de los campesinos y grupos étnicos. Por ello, la URT ha coordinado con la fuerza pública y organismos internacionales para asegurar que las entregas materiales no pongan en riesgo la vida de los reclamantes. La estrategia del Gobierno Nacional se ha centrado en que la justicia de tierras llegue directamente a los territorios, facilitando que las víctimas tengan acceso a los jueces sin necesidad de desplazarse a las grandes ciudades, reduciendo así las barreras de acceso a la justicia que históricamente han padecido estas poblaciones.
Con estos resultados, el Gobierno de Gustavo Petro busca consolidar un modelo de justicia social que pase de la retórica a los hechos tangibles en el campo colombiano. La radicación masiva de demandas y la obtención de sentencias favorables en tiempos récord indican una reestructuración interna de la Unidad de Restitución de Tierras, optimizando los recursos técnicos y jurídicos para responder a la deuda histórica con los pueblos negros e indígenas. La meta final del ejecutivo es que al cierre del cuatrienio, la mayoría de los procesos de reclamación colectiva se encuentren en etapas avanzadas de resolución judicial, sentando las bases de una paz estable fundamentada en la propiedad equitativa de la tierra.
Acerca del autor
