El Estado pidió perdón a 23 familias por desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, reafirmando su compromiso con la verdad y la reparación.
El Estado colombiano presentó excusas públicas a 23 familias víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008 en departamentos como Cesar, La Guajira, Atlántico, Magdalena, Córdoba y Norte de Santander. El acto, encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reafirmó el compromiso del Gobierno nacional con la verdad, la memoria y la reparación simbólica de quienes perdieron a sus seres queridos en uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado. Esta ceremonia pública se convierte en un hito dentro de los procesos de reconocimiento estatal por crímenes cometidos por agentes públicos, y destaca por su alcance territorial y su significado para comunidades campesinas e indígenas del Caribe colombiano.
Las víctimas procedían de municipios como Montería, Ocaña, Barranquilla, Baranoa, Fundación, Santa Marta, Manaure, San Juan del Cesar, Codazzi, Valledupar y Riohacha, además de pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Sus nombres, rostros e historias fueron recuperados en un acto solemne que buscó reivindicar su honra y reparar parte del daño que las familias han cargado durante más de una década. La reparación simbólica se consolida así como una herramienta fundamental para reconstruir la confianza entre el Estado y la ciudadanía afectada por violencias institucionales.
Durante la ceremonia, el ministro Pedro Sánchez pidió perdón en nombre del Estado colombiano, reconociendo que estos hechos violentos no solo destruyeron vidas, sino que “deshonraron territorios sagrados” y afectaron la autonomía de comunidades indígenas como los pueblos Kankuamo, Wiwa y Wayuú, cuyos integrantes fueron víctimas directas de estos crímenes. Para Sánchez, los actos de reconocimiento estatal buscan restituir la humanidad y dignidad arrebatadas, así como reforzar la idea de que crímenes de esta naturaleza jamás deben repetirse.
Los hechos por los que el Estado pidió perdón ocurrieron entre 2002 y 2008 y fueron cometidos por exintegrantes del Ejército adscritos al Batallón de Artillería N.° 2 La Popa, unidad militar involucrada en múltiples casos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Se trató de jóvenes campesinos, indígenas e incluso una mujer menor de edad que estaba embarazada al momento de su asesinato. Estos crímenes, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha documentado como ejecuciones extrajudiciales, afectan no solo a familias enteras, sino a comunidades completas que han luchado por recuperar la memoria de sus seres queridos.
La JEP condenó a 12 exmilitares de esa unidad como máximos responsables, y 11 de ellos aceptaron su participación en un total de 135 muertes ilegítimas. Este reconocimiento judicial ha sido un paso fundamental para esclarecer la verdad sobre los patrones de violencia institucional que devastaron zonas del Caribe colombiano. Según la JEP, el Batallón La Popa desarrolló un patrón sistemático de captación, traslado, asesinato y montaje de supuestos combates para inflar resultados operacionales.
Los familiares han reiterado que la verdad, el reconocimiento y la garantía de no repetición son elementos esenciales para avanzar en la reparación integral. Para muchas madres, padres, hijos e hijas, estos actos de perdón permiten sanar heridas abiertas que han persistido durante años, marcadas por la estigmatización de sus seres queridos, la ausencia de respuestas institucionales y la revictimización social.
En los últimos dos años, el Gobierno ha realizado más de diez actos públicos de reconocimiento de responsabilidad por casos de ejecuciones extrajudiciales, logrando reparar simbólicamente a más de 150 víctimas. Estos espacios permiten escuchar a las familias, visibilizar su dolor y reafirmar el compromiso estatal con la memoria y la justicia. En cada uno de estos actos, el mensaje ha sido claro: los crímenes cometidos por agentes del Estado no solo violaron la ley, sino que atentaron contra los cimientos éticos y democráticos del país.
El acto de excusas públicas también destacó la importancia de comprender el impacto diferencial que estos hechos tuvieron en pueblos indígenas. Para comunidades como los Kankuamo y los Wayuú, la pérdida de un miembro representa la ruptura de una estructura espiritual y cultural que trasciende el ámbito individual. Sus territorios, tradiciones y formas de gobierno propio se vieron afectados por un dolor colectivo que, según el ministro Sánchez, debe ser reconocido de manera integral para avanzar en la justicia histórica.
Además, el Gobierno reiteró que continuará trabajando de la mano con las entidades de justicia transicional para garantizar que los responsables sigan compareciendo y que las familias reciban acompañamiento psicosocial y jurídico. El compromiso estatal, insistió Sánchez, no se limita a un acto simbólico, sino que debe traducirse en políticas permanentes de atención, protección y memoria.
Las 23 víctimas cuyos nombres fueron honrados durante la ceremonia son:
- Miguel de Jesús López Escorcia
- Alfredo Antonio Ropero Abril
- Edilberto Hernández García
- Breinis Enrique Contreras González
- Jaider del Carmen Valderrama Ruidiaz
- Martín Villazón Ochoa
- Jhon Carlos Gómez Iguarán
- Deivis de Jesús Pacheco Hernández
- Luis Alberto Palomino Villar
- Yovanny Quintero Donado
- Eduviges Botello Pérez
- Carlos Enrique De Ávila Pacheco
- Néstor Oñate Arias
- Víctor Hugo Maestre
- Enrique Laines Arias Martínez
- Javier Pushaina Pushaina
- Gaspar Cambar Ramírez
- Luis Ángel Fince Ipuana
- Carlos Alberto Vega
- Nohemí Esther Pacheco Sabata
- Manuel Regino Romero Negrete
- Rubén Darío Atencio Jaraba
- Orlando de Jesús Álvarez Ledesma
Cada nombre simboliza una historia truncada, un hogar fracturado y un legado interrumpido que hoy, después de años de silencio y lucha, recibe al fin un reconocimiento oficial. La ceremonia se convirtió en un acto de reparación y resistencia, donde las familias reafirmaron que la memoria de sus seres queridos seguirá viva mientras el país avance hacia una verdad plena.
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