La ministra de Ciencias, Yesenia Olaya en el momento de la radicación del proyecto de ley sobre Inteligencia Artificial
El presidente Gustavo Petro envió un mensaje de urgencia al Congreso de la República para acelerar la discusión del proyecto de Ley de Inteligencia Artificial en Colombia, una iniciativa que busca establecer un marco regulatorio moderno, transparente y alineado con los estándares internacionales. Este recurso obliga al legislativo a debatir la propuesta en un plazo máximo de 30 días por cada cámara, reduciendo los tiempos frente al trámite ordinario y garantizando prioridad en su análisis.
El proyecto de ley, radicado el pasado 28 de julio, fue diseñado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en articulación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), el Ministerio de Educación, el Departamento Nacional de Planeación y con la participación de universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil. Según el Gobierno, se trata de un paso histórico que posiciona al país como pionero en Latinoamérica en la creación de una política pública integral sobre inteligencia artificial.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la clasificación de los sistemas de inteligencia artificial según su nivel de riesgo. Esta escala permitirá diferenciar entre tecnologías de bajo impacto, que solo tendrán obligaciones mínimas de información, y aquellas de alto riesgo, como las que inciden en la salud, la seguridad o la libertad de las personas, que deberán someterse a procesos estrictos de certificación, auditoría y supervisión. Con ello, se busca proteger los derechos fundamentales y al mismo tiempo generar confianza en el uso de estas herramientas.
El articulado establece que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación será la autoridad nacional encargada de liderar la regulación y supervisión en materia de inteligencia artificial. Este rol incluye la expedición de certificaciones, la definición de protocolos de auditoría y la vigilancia sobre el cumplimiento de principios éticos en el desarrollo tecnológico. De esta manera, se garantiza que la innovación avance de manera segura y con el máximo beneficio social.
Además, la propuesta contempla responsabilidades administrativas, civiles, penales y éticas para los desarrolladores e implementadores de sistemas de IA. Aquellos que manejen tecnologías clasificadas como de alto riesgo estarán sujetos a controles más rigurosos, en consonancia con experiencias internacionales como la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que ha servido como referencia en la construcción del marco normativo colombiano.
El Gobierno ha enfatizado que la Ley de Inteligencia Artificial en Colombia no busca frenar la innovación, sino promover un desarrollo equilibrado que combine competitividad tecnológica con el respeto a los derechos humanos. De acuerdo con los expertos consultados en el proceso, este marco regulatorio permitirá a Colombia aprovechar el potencial de la IA en sectores clave como la salud, la educación, la justicia, la seguridad ciudadana, la agricultura y el comercio electrónico, al tiempo que previene abusos o usos indebidos.
En su intervención, el presidente Petro subrayó la necesidad de adoptar esta regulación con urgencia, ya que el avance acelerado de las tecnologías digitales plantea retos inmediatos. Según el mandatario, la ausencia de reglas claras expone al país a riesgos de concentración tecnológica, vulneración de derechos y pérdida de confianza ciudadana frente al uso de sistemas automatizados en procesos críticos de la vida cotidiana.
El mensaje de urgencia enviado al Congreso refleja la intención del Gobierno de priorizar el debate y despejar cualquier intento de dilación. La expectativa es que, con la aprobación de la ley, Colombia cuente con una estructura legal que no solo acompañe el avance tecnológico, sino que lo oriente bajo principios de ética, seguridad y transparencia.
A nivel internacional, organismos como la ONU y la UNESCO han insistido en la necesidad de que los países adopten marcos normativos robustos para el uso de la inteligencia artificial, señalando que el desarrollo tecnológico debe estar al servicio de la humanidad y no en su contra. En este sentido, el proyecto colombiano se alinea con tendencias globales y busca consolidar al país como referente en la región.
De aprobarse, la Ley marcaría un hito al integrar en un solo cuerpo normativo aspectos relacionados con la protección de datos, la rendición de cuentas, la clasificación de riesgos y la certificación de tecnologías. También abriría la puerta a la creación de un ecosistema regulado en el que las empresas tecnológicas, los centros de investigación y el Estado trabajen de manera conjunta para garantizar un uso responsable de la inteligencia artificial.
El futuro de la Ley de Inteligencia Artificial en Colombia dependerá de la discusión en el Congreso durante las próximas semanas. No obstante, con el mensaje de urgencia, el presidente Petro ha dejado claro que el tema se ha convertido en una prioridad nacional, que no solo responde a una necesidad tecnológica, sino también a un imperativo democrático y social.
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