Agua potable llega a 12 comunidades wayuu en La Guajira con inversión de $4.419 millones
El Gobierno nacional entregó sistemas de agua potable que transformarán la vida de 2.480 habitantes de comunidades indígenas en Manaure, Maicao y Uribia, en el departamento de La Guajira, gracias a una inversión de 4.419 millones de pesos liderada por el Ministerio de Vivienda y su Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Con esta iniciativa, se busca reducir la mortalidad infantil asociada a enfermedades gastrointestinales y cerrar brechas históricas en acceso al recurso hídrico en la Media Guajira.
Durante la jornada de entrega, el viceministro Edward Libreros destacó que la niñez de La Guajira es prioridad para el gobierno del presidente Gustavo Petro. “El índice de mortalidad registraba que cerca de 97 niños y niñas menores de 5 años habían muerto por enfermedades gastrointestinales y hoy esa tasa ha disminuido a 45, pero seguiremos trabajando para que este índice llegue a 0”, aseguró el funcionario.
Las comunidades beneficiadas, entre ellas Irramashira, Loma Fresca, Maicaito, Jatoo, Amasirralu, Cadenachón, Shoshinchon 2 y Karraloutamana, cuentan ahora con plantas de tratamiento de agua potable mediante sistemas de ósmosis inversa, tecnología que garantiza un consumo seguro y adecuado. En estas localidades, 1.817 habitantes ya disfrutan de agua tratada, lo que representa un cambio significativo en su calidad de vida.
El presidente de Findeter, Juan Carlos Muñoz, resaltó que este logro fue posible gracias a la articulación entre el Gobierno nacional, asociaciones indígenas y empresas contratistas. Además, subrayó que se capacitaron a habitantes locales para la operación y sostenibilidad de los sistemas, con el fin de garantizar el mantenimiento de la infraestructura a largo plazo.
A su vez, la directora de Infraestructura y Desarrollo, Mónica Garzón, visitó comunidades de Maicao y Manaure como Olocomana, Irramashira, Icipa e Ishipa, donde 663 habitantes se beneficiaron de proyectos con una inversión de 1.186 millones de pesos. “El acueducto, más que una obra de infraestructura, nos recuerda que el agua es vida”, señaló Garzón durante el recorrido.
El impacto de estas obras se refleja directamente en la salud y bienestar de los habitantes. Karen Menco, líder de la comunidad wayuu Olocomana, celebró el cambio que representa el acceso al agua potable. “Nos cambió la vida en todo sentido, por ejemplo, en la salud. Los niños sufrían por el agua salada. Ahora con agua potable se redujeron los vómitos, la diarrea. Es un renacer. Petro sí está cumpliendo”, expresó con satisfacción.
El compromiso del Gobierno del Cambio con La Guajira no se limita a estas intervenciones puntuales. Según el Ministerio de Vivienda, se han destinado cerca de 580.000 millones de pesos en el departamento para proyectos de ordenamiento territorial alrededor del agua, acceso a saneamiento básico y soluciones habitacionales, beneficiando a más de 150.000 personas.
De esa cifra, 445.864 millones de pesos han sido invertidos específicamente en acceso a agua y saneamiento, con un aporte directo de 433.785 millones por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Estos recursos se enmarcan en un plan integral que busca garantizar el acceso universal al agua en comunidades rurales e indígenas, una deuda histórica con La Guajira que ha sido objeto de pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales.
La crisis del agua en La Guajira ha estado en el centro de la agenda pública por años, debido a los altos índices de desnutrición y mortalidad infantil entre la población wayuu. Estas nuevas obras de acueducto, sumadas a proyectos de saneamiento y vivienda, representan un paso clave en el esfuerzo por dignificar la vida de las comunidades más vulnerables de la región.
La apuesta del Gobierno es que, a través de proyectos como Colombia Potable y las inversiones en la Media Guajira, se logre avanzar hacia la garantía plena del derecho humano al agua, reduciendo las desigualdades históricas y mejorando la salud de la niñez indígena. Mientras tanto, los líderes comunitarios coinciden en que contar con agua potable es un cambio estructural que permitirá a las nuevas generaciones crecer en condiciones más seguras y saludables.