“En las zonas cocaleras las vulnerabilidades son mayores”: Gloria Miranda.
La directora de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda Espitia, aseguró que el actual programa del Gobierno no se limita a cambiar “una mata por otra”, sino que plantea una transformación integral de los territorios para que las economías legales reemplacen definitivamente a las economías ilegales. En entrevista, la funcionaria destacó que la meta del plan Renhacemos es sustituir 20.000 hectáreas en 2025, beneficiando a más de 10.000 familias campesinas que hoy dependen de la coca.
Miranda explicó que el modelo anterior de sustitución de cultivos ilícitos estaba centrado en reemplazar los sembrados de coca por productos lícitos sin atender las condiciones estructurales de pobreza, desigualdad y ausencia del Estado en las regiones. Ahora, bajo la política “Sembrando Vida”, el enfoque es mucho más amplio, pues incluye desde la producción hasta la comercialización y busca que los campesinos no se queden en la venta de materia prima, sino que puedan dar valor agregado a sus productos.
En ese sentido, se financian infraestructuras comunitarias como plantas de transformación, secaderos y centros de acopio que permiten una verdadera transición hacia la economía legal. Según la directora, el nuevo modelo busca fortalecer el tejido social y reconstruir la confianza de las comunidades, históricamente golpeadas por el incumplimiento estatal y la violencia de grupos armados ligados al narcotráfico.
Uno de los mayores retos de la sustitución de cultivos ilícitos ha sido la reactivación del Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS), un programa que, según la funcionaria, “se incumplió durante muchos años” y que el actual Gobierno decidió renegociar con las familias. Hoy, el 85% de los hogares cultivadores y no cultivadores vinculados al PNIS, cerca de 58.000 familias, han aceptado nuevas condiciones que buscan superar errores del pasado, como la dispersión de líneas productivas y la falta de asistencia técnica.
Los criterios de priorización también han cambiado. La estrategia ahora se concentra en enclaves cocaleros con alta densidad de cultivos, en regiones donde existen mesas de negociación de paz activas y en comunidades que manifiestan voluntad expresa de sustituir. Esto, señala Miranda, permite mayor impacto y coherencia entre la política de paz y la política de drogas.
No obstante, los desafíos siguen siendo enormes. La funcionaria admitió que en las zonas cocaleras persisten vulnerabilidades históricas: vías de acceso deficientes, débil presencia de instituciones judiciales, ausencia de servicios básicos y graves problemas de seguridad. Además, las limitaciones presupuestales condicionan la capacidad de respuesta del Estado. A pesar de ello, Miranda sostuvo que el Gobierno ha logrado cumplir compromisos y ganar la confianza de cientos de familias, lo que se refleja en el aumento de comunidades que solicitan sumarse a los programas.
Para la directora, la sustitución de cultivos ilícitos no es solo un asunto técnico o agrícola, sino también social y humano. Recordó que las historias de vida de las comunidades son un motor para continuar. Destacó en especial el papel de las madres cabeza de familia, mujeres que han sufrido de manera desproporcionada los efectos del narcotráfico y de políticas punitivas anteriores, pero que hoy se convierten en líderes comunitarias dispuestas a construir una economía legal para sus territorios.
El Gobierno proyecta que hacia 2026, además de cumplir con la meta inmediata de 20.000 hectáreas, quede asegurada la financiación del programa para las siguientes vigencias. El objetivo es que la sustitución de cultivos ilícitos se convierta en una política de Estado que trascienda periodos de gobierno y permita alcanzar una verdadera transformación estructural en las regiones más golpeadas por la violencia.
En su balance, Miranda reiteró que la apuesta actual es pasar de sustituir cultivos a sustituir economías, entendiendo que el problema de la coca no se resuelve solo con erradicación o cambios puntuales, sino con la construcción de alternativas productivas sostenibles, la inclusión de valor agregado y la generación de oportunidades dignas para las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
La funcionaria insistió en que la articulación entre la política de paz y la política de drogas es clave. Allí donde existen negociaciones o procesos de diálogo, los programas de sustitución avanzan con mayor rapidez, pues las comunidades ven en ellos una oportunidad real de transición. Por eso, el Gobierno del Cambio ha priorizado la presencia institucional en territorios como el Catatumbo, el Cañón del Micay y zonas del Cauca y Nariño, enclaves cocaleros con altos niveles de conflictividad.
El mensaje de fondo es que la sustitución de cultivos ilícitos no puede entenderse únicamente como una medida técnica, sino como parte de una estrategia integral de paz, justicia social y desarrollo rural. En ese marco, los proyectos productivos de café, cacao y sistemas agroforestales no son un fin en sí mismos, sino un medio para reconstruir la confianza y la esperanza de comunidades que por décadas han vivido bajo la sombra del narcotráfico.
El reto está en consolidar un modelo que no solo cumpla metas de hectáreas sustituidas, sino que deje capacidad instalada en los territorios para que las familias puedan sostener sus economías legales en el tiempo. Según Miranda, de poco sirve erradicar la coca si no se crean condiciones para que las comunidades permanezcan en la legalidad y se beneficien de la riqueza de sus territorios.
Al final, la directora reiteró que uno de los grandes logros sería dejar sembrada la semilla para que la sustitución se convierta en una política nacional estable y duradera. “La meta no es solo cambiar la coca por café o cacao, sino garantizar que estas comunidades tengan proyectos de vida dignos, con ingresos estables y una relación diferente con el Estado. Ese es el verdadero alcance de esta política”, puntualizó.
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