Senado analiza ejecución presupuestal de entidades nacionales y programas sociales
En la Comisión Séptima del Senado, varios funcionarios del Gobierno Nacional presentaron informes detallados sobre la ejecución presupuestal de sus entidades, destacando avances, necesidades y planes para 2026. Durante las audiencias, se revisaron los recursos asignados a sectores clave como salud, vivienda, empleo público y bienestar social, así como programas estratégicos para jóvenes y comunidades vulnerables en regiones priorizadas.
La directora de Función Pública, Mariela Barragán, informó que hasta la fecha la ejecución del Presupuesto 2025 alcanza un 65 %, con un 58 % de pagos efectivamente realizados a distintos rubros. Esta entidad, encargada del empleo público y de la formación y capacitación de más de un millón de funcionarios a nivel nacional y territorial, también gestiona iniciativas como el Servicio Social para la Paz, un programa formativo y pedagógico dirigido a jóvenes. Barragán destacó que estos programas buscan fortalecer la gestión pública y generar impactos positivos en las comunidades mediante capacitación, formación ética y proyectos sociales estratégicos.
Por su parte, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la jefe de Planeación, María Clara Rodríguez, explicó que durante el año se expidieron 14 decretos reglamentarios que permiten ejecutar nuevas inversiones en infraestructura y proyectos habitacionales. La viceministra de Vivienda, Aydee Marsiglia, presentó el programa ‘Mejoramiento de Vivienda’, enfocado en elevar las condiciones de habitabilidad de familias en territorios priorizados, entre ellos Chocó, Catatumbo, Vaupés, Cauca, Nariño y Buenaventura. Marsiglia subrayó que mejorar la vivienda, incluyendo baños, pisos y cocinas adecuadas, impacta directamente la salud y calidad de vida de las familias, y adelantó que para 2026 se proyecta realizar más de 8.200 intervenciones en las zonas identificadas como de mayor vulnerabilidad.
En materia de salud pública, la directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Marcela Pava, explicó que el Instituto funciona como brazo técnico del Ministerio de Salud y Protección Social y que para 2025 recibió un presupuesto de $123.706 millones. De estos, el 49 % se ha destinado al funcionamiento y el resto a inversión. La funcionaria precisó que las necesidades reales ascienden a $148.000 millones, lo que evidencia un déficit de $26.246 millones para cubrir completamente las funciones de la entidad y garantizar programas de vigilancia epidemiológica y prevención de enfermedades en todo el país.
El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo, destacó que su cartera ha ejecutado el 75 % del presupuesto anual. Además, indicó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignó casi $76 billones de pesos, de los cuales $73 billones se destinaron a funcionamiento y $1,9 billones a inversión, reforzando la capacidad del sector para atender a la población y fortalecer la infraestructura hospitalaria y de atención primaria en todo el territorio nacional.
La directora del ICBF, Astrid Cáceres, también rindió informe presupuestal y explicó que la entidad genera ingresos adicionales mediante la venta de herencias sin dueño, con la colaboración de otras entidades públicas, para aumentar el recaudo y financiar programas de protección infantil y familiar. Cáceres señaló que para 2026 se proyecta una disminución presupuestal por parte de la Nación, lo que podría impactar en la expansión de programas y en la cobertura de atención a la primera infancia, adolescentes y familias en condición de vulnerabilidad.
Por otra parte, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, aclaró que su entidad no se rige por la norma de presupuesto, sino por decretos y leyes que establecieron su funcionamiento. Dussán informó que el presupuesto de Colpensiones para 2025 asciende a aproximadamente $30 billones de pesos y que no se reporta déficit, garantizando la sostenibilidad de los pagos a los pensionados en todo el país.
Durante la audiencia, el senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, planteó preguntas relacionadas con la reforma a la salud, que actualmente cursa trámite en la Comisión Séptima. Henríquez cuestionó la brecha entre los recursos asignados y los necesarios para implementar la reforma integral. Señaló que mientras el Ministerio de Hacienda ha destinado $75,7 billones, las fuentes adicionales de financiación aportan $3 billones, dejando un déficit aproximado de $30 billones de pesos para cubrir completamente la reforma a la salud, que tiene un costo estimado de $109 billones.
Las intervenciones de los funcionarios permitieron a los senadores y al público comprender los avances en la ejecución presupuestal, así como los retos que enfrentan las entidades para cumplir sus metas y garantizar la continuidad de programas sociales esenciales. La Comisión Séptima destacó la importancia de priorizar la inversión en salud, vivienda, formación de funcionarios y programas de bienestar, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y con impacto directo en la calidad de vida de los colombianos.
La sesión también permitió revisar cómo el Gobierno Nacional ha buscado fortalecer la gestión de los recursos mediante decretos reglamentarios y estrategias de inversión específicas. Los informes reflejan un balance positivo en términos de ejecución presupuestal, aunque evidencian necesidades adicionales de financiamiento para cubrir déficits en sectores estratégicos. En particular, los programas de vivienda y salud requieren una atención continua para asegurar que las intervenciones lleguen a las regiones más necesitadas del país.
El seguimiento a la ejecución presupuestal es parte de un proceso de transparencia y control político que permite al Congreso evaluar el uso de los recursos públicos, la eficiencia de las entidades y la efectividad de los programas sociales. Las audiencias contribuyen a la fiscalización del presupuesto nacional, fortalecen la rendición de cuentas y ofrecen un panorama completo sobre los logros y desafíos que enfrentan los ministerios y organismos estatales.
En conclusión, las recientes audiencias de la Comisión Séptima del Senado evidencian el compromiso del Gobierno y del Congreso en supervisar la ejecución presupuestal de entidades clave del país. La revisión de informes de Función Pública, Vivienda, Salud, ICBF y Colpensiones permitió identificar avances significativos, así como áreas que requieren mayor inversión y atención, especialmente en programas de protección social, infraestructura y bienestar de la población más vulnerable.
Acerca del autor
