Reforma a la salud: Gobierno alerta que ponencia alternativa entregaría $60 billones a las EPS
El Gobierno Nacional encendió las alarmas frente a la ponencia alternativa de la reforma a la salud que actualmente se discute en el Congreso de la República. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, esta propuesta representa un riesgo para el sistema, pues destinaría más de 60 billones de pesos de los impuestos de los colombianos al pago de deudas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), en lugar de fortalecer la atención primaria, la red hospitalaria y la prevención.
De acuerdo con el pronunciamiento oficial, la ponencia alternativa mantendría un modelo de intermediación financiera que concentra recursos en las EPS sin controles efectivos, pese a los informes que han evidenciado la insolvencia de estas entidades, su ineficiencia en la gestión del gasto y las deudas acumuladas con clínicas, hospitales y proveedores de servicios de salud. El Ministerio advirtió que la propuesta significaría un retroceso en la garantía del derecho fundamental a la salud y podría acelerar el colapso del sistema.
Entre las principales alertas planteadas se encuentra la sustitución de funciones del Ministerio de Salud por parte del Consejo Nacional de Salud, cuya naturaleza es consultiva. Esta modificación le daría a dicho organismo un rol decisivo en la definición del plan de beneficios, las tecnologías médicas y el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Incluso, se prevé que la validación final de la UPC esté a cargo de una universidad extranjera, lo que generaría un cuestionamiento sobre la soberanía en la toma de decisiones del sistema.
El Gobierno también señaló que la propuesta privilegia indebidamente a las EPS insolventes, al permitirles recibir recursos para cubrir sus deudas durante los próximos cinco años, con cargo a los impuestos saludables, el IVA social y un punto del PIB. Según el Minsalud, esta medida equivale a entregarles una “chequera ilimitada”, ya que obligaría al Estado a responder por cualquier exceso de gasto que reporten, sin auditorías previas, y a asumir el pago en un plazo máximo de 30 días.
Otro punto crítico es la afectación directa a los trabajadores de la salud. La ponencia alternativa desconoce el régimen especial aprobado por la Cámara de Representantes para proteger sus derechos, dejando en la incertidumbre a miles de médicos, enfermeros y personal asistencial que hoy reclaman formalización laboral. De mantenerse, esta versión de la reforma condenaría al sector a la precariedad, impidiendo mejoras en salarios y condiciones de contratación.
Las mujeres en condición de vulnerabilidad también resultarían afectadas. El proyecto elimina los recursos destinados al pago por maternidad a madres no cotizantes, un beneficio que ya había sido aprobado y que contemplaba medio salario mínimo durante tres meses para cerca de 300.000 mujeres y sus hijos recién nacidos.
En cuanto a la atención directa, el Ministerio recalcó que la propuesta mantiene el esquema en el que las EPS deciden a quién, cuándo y cuánto pagar, en lugar de implementar el pago directo a clínicas, hospitales y proveedores, como contempla la reforma original del Gobierno. Esto, según el comunicado, perpetuaría los retrasos en pagos y el desfinanciamiento de la red hospitalaria.
Otra preocupación es la eliminación de la cuenta de fortalecimiento de la red pública hospitalaria, lo que dejaría a la mayoría de hospitales públicos sin mecanismos de sostenibilidad financiera y con una dependencia casi exclusiva de la venta de servicios. Esto afectaría especialmente a los centros de salud de las regiones, que cumplen un papel vital en la atención de comunidades apartadas.
El Ejecutivo también cuestionó que la ponencia alternativa desconozca la autonomía territorial y la descentralización administrativa, al delegar a las EPS la organización y gestión de la red de prestadores. De esta forma, los afiliados seguirían siendo enviados a los servicios que representen mayores beneficios económicos para las aseguradoras, en lugar de acceder a la atención más adecuada para su condición de salud, lo que vulnera el derecho a la libre elección de los usuarios.
Adicionalmente, el Gobierno señaló que la iniciativa perpetúa el negocio de la integración vertical, mantiene la discriminación entre regímenes contributivo y subsidiado, y elimina unidades zonales de planeación y evaluación en salud a nivel departamental y distrital. Estos cambios, de acuerdo con el Minsalud, representan un incumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008, que ordenó garantizar igualdad en el acceso a los servicios de salud.
En contraste, la reforma a la salud impulsada por el Gobierno, que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes en dos debates, plantea el pago directo a hospitales y clínicas, la formalización laboral de los trabajadores del sector, la protección a madres no cotizantes y el fortalecimiento de la atención primaria, con el fin de reducir la intermediación y asegurar una cobertura más equitativa y sostenible.
El debate en el Congreso se intensifica a medida que se acercan las sesiones clave para definir el rumbo del sistema de salud en Colombia. Mientras el Gobierno defiende una transformación estructural, los promotores de la ponencia alternativa sostienen que su propuesta busca garantizar la continuidad del modelo vigente. Sin embargo, la advertencia del Ministerio de Salud pone sobre la mesa un punto crítico: el riesgo de que miles de millones de pesos de los impuestos terminen salvando a las EPS en lugar de asegurar la vida y el bienestar de los colombianos.
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