Decreto 1017 de 2025 Gobierno fija pagos mínimos y reglas para transportadores
El Gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó el Decreto 1017 de 2025, una medida que responde a los compromisos adquiridos con los gremios de transportadores y que busca transformar de fondo las relaciones entre generadores de carga y transportadores en todo el país. La nueva normativa establece costos mínimos obligatorios, tiempos máximos de pago de cinco días calendario, sanciones por demoras en cargue y descargue, así como requisitos estrictos para la habilitación de empresas de transporte, con el fin de reducir la informalidad y garantizar condiciones justas en el sector.
Con este decreto, el Ejecutivo pretende saldar una deuda histórica con los transportadores de base, quienes durante años han denunciado prácticas abusivas y falta de regulación clara en materia de pagos y condiciones de operación. La norma no solo reconoce el papel estratégico del transporte de carga en la economía nacional, sino que también busca proteger tanto a pequeños propietarios de vehículos como a grandes empresas, equilibrando las relaciones comerciales y promoviendo la formalización.
Uno de los cambios más relevantes es la obligación de que los generadores de carga paguen a los transportadores en un plazo máximo de cinco días calendario. Hasta ahora, muchos de estos pagos se dilataban por semanas o incluso meses, afectando directamente la liquidez y sostenibilidad financiera de los trabajadores del sector. De igual manera, se establecen sanciones para quienes incumplan con los tiempos de cargue y descargue, reconociendo el impacto económico que generan las largas esperas en puertos, bodegas y centros de acopio.
El decreto también fija parámetros mínimos de costos operativos, un aspecto que se convierte en garantía para que los transportadores no reciban pagos por debajo de lo que implica mantener un vehículo en funcionamiento. Esta medida apunta a disminuir la competencia desleal y la explotación de quienes aceptaban tarifas muy por debajo del costo real, con el fin de obtener contratos.
En el componente ambiental y tecnológico, el Decreto 1017 de 2025 contempla la creación del Fondo de Ascenso Tecnológico (Fopat), un instrumento financiero destinado a impulsar la modernización del parque automotor. Con estos recursos se busca apoyar la adquisición de vehículos de bajas emisiones, promoviendo una transición hacia un transporte más limpio, eficiente y sostenible. La medida se enmarca en los compromisos internacionales de Colombia frente al cambio climático y la reducción de emisiones de gases contaminantes, al tiempo que fortalece la competitividad logística.
Este avance normativo también responde a la política de “Transporte con dignidad”, impulsada por el Ministerio de Transporte, que incluye lineamientos para mejorar la seguridad vial, fomentar la renovación tecnológica y garantizar mejores condiciones laborales para los transportadores. La cartera enfatizó que el transporte de carga es un sector estratégico que mueve gran parte de la economía nacional, por lo que estas reformas son esenciales para mantener la estabilidad en las cadenas de suministro.
La expedición del Decreto 1017 es considerada un logro para los sindicatos y asociaciones de transportadores que habían solicitado durante años medidas concretas para frenar la precarización laboral, las demoras en los pagos y la falta de reglas claras en los costos mínimos. Con esta norma, el Gobierno busca reducir la informalidad que afecta a miles de conductores que, sin respaldo legal, debían aceptar condiciones desfavorables para poder mantener sus ingresos.
Además, la regulación contempla un marco más riguroso para la habilitación de empresas de transporte, estableciendo requisitos que buscan evitar la proliferación de compañías informales o con estructuras débiles que afectan la calidad del servicio y la seguridad en las vías. Esto, según el Ejecutivo, permitirá profesionalizar aún más el sector y garantizar que las operaciones cumplan estándares de legalidad y transparencia.
En términos económicos, el impacto del Decreto 1017 de 2025 se proyecta como un factor de mayor estabilidad para los transportadores. Con pagos más ágiles, tarifas mínimas definidas y sanciones por incumplimientos, se espera mejorar la liquidez de miles de trabajadores y propietarios, lo que a su vez generará un efecto positivo en la reactivación del sector automotor y de servicios complementarios asociados al transporte de carga.
La expedición de esta norma también se entiende como una respuesta del Gobierno del Cambio a uno de los compromisos adquiridos en mesas de diálogo con el sector transportador. Durante las movilizaciones y paros de años anteriores, la falta de cumplimiento de acuerdos en materia de tarifas y pagos había sido uno de los detonantes de la inconformidad. Ahora, con el Decreto 1017, el Ejecutivo busca enviar un mensaje de confianza y estabilidad, mostrando avances concretos en el cumplimiento de la palabra empeñada.
El transporte de carga, considerado pieza clave en el desarrollo económico del país, es uno de los sectores más sensibles a la volatilidad de precios, el costo de combustibles y los impactos de la informalidad. Por esta razón, el Decreto 1017 de 2025 representa una oportunidad para consolidar un sistema más justo, sostenible y competitivo que reconozca la importancia del trabajo de los transportadores y la necesidad de garantizar condiciones dignas para su labor.
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