Presidente Gustavo Petro y la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda.
El presidente Gustavo Petro planteó la necesidad de avanzar en la agroindustrialización del cannabis en manos del campesinado del Cauca como alternativa para la paz y el desarrollo rural. La propuesta fue hecha durante la firma del Pacto Territorial por la Transformación del Cauca y la consolidación de la Paz Total, evento realizado en Timbío (Cauca), y busca transformar la hoja de coca y el cannabis como motores de producción legal, no únicamente como símbolos de criminalización.
Petro argumentó que la violencia que históricamente ha afectado al Cauca está asociada con la exclusión, desigualdad y despojo de tierras, factores que han alimentado economías ilegales y narcotráfico. Frente a ese panorama, dijo que para que haya una transformación real en la región se necesita garantizar el acceso al conocimiento y la tierra para los campesinos, de manera que puedan producir legalmente cannabis con usos medicinales, productivos e industriales.
El mandatario sugirió que se expida un decreto que permita liberar formalmente la agroindustrialización del cannabis en manos campesinas, de modo que el norte del Cauca pueda consolidar sistemas productivos legales y sostenibles, con beneficios económicos, empleos dignos e inclusión educativa. Petro enfatizó que la prohibición no debe seguir siendo la única respuesta frente al cannabis: “la hoja de coca y el cannabis no deben seguir siendo vistos únicamente desde la óptica de la persecución y la criminalización”.
El discurso presidencial también incluyó un llamado a los jóvenes a alejarse de la violencia y las economías ilícitas. Expresó que muchos piensan que portar un arma es hacer revolución, cuando en realidad, dijo, están siendo usados por esas economías ilegales. En contraste, invitó a promover una “revolución pacífica” centrada en la educación, el trabajo digno y la organización social.
La agroindustrialización del cannabis, según Petro, está respaldada por marcos legales ya existentes en Colombia. La Ley 2204 de 2022 es el marco legal para el uso industrial y científico del cáñamo, regulando fibra y grano de cannabis no psicoactivo, cuyo contenido de THC sea igual o inferior al 0,3 % (o lo que el gobierno nacional determine). Además, el Decreto 811 de 2021 regula usos industriales, medicinales y científicos del cannabis, incluyendo la exportación de flor seca y la transformación de componentes vegetales. Bu+1 La Resolución 227 de 2022 del Ministerio de Salud define los requisitos de licencias, cupos y condiciones para productos derivados del cannabis no psicoactivo.
Petro vinculó esta propuesta con la idea de paz interétnica en el Cauca, señalando que comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y mestizas deben participar en la transformación territorial. Resaltó que la diversidad cultural y natural del departamento es su mayor riqueza, que debe convertirse en base para la convivencia, la producción y el desarrollo.
También denunciaron que la concentración de la tierra impide que las comunidades caucanas produzcan alimentos. El presidente criticó los monocultivos de la caña para etanol, que —según él— priorizan la producción para combustibles por encima de la soberanía alimentaria, dejando de lado el uso productivo para la gente.
Colombia ya tiene regulaciones que podrían facilitar lo que Petro propone. La Ley 1787 de 2016, los Decretos 613 de 2017 y 631 de 2018, junto con la Ley 2204 de 2022 y la Resolución 227 de 2022, conforman el marco normativo que permite cultivo, transformación, uso industrial y científico del cannabis y el cáñamo dentro de ciertos estándares de THC, licencias, supervisión y productividad.
Petro sostuvo que la agroindustrialización del cannabis en el Cauca podría generar oportunidades legales de ingresos dignos para campesinos, fortalecimiento del tejido social, mejora en condiciones de vida y una apuesta real por la reconciliación. La propuesta forma parte de las acciones estructurales que su gobierno llama “transformación territorial”, y que se han venido desarrollando como alternativas para superar ciclos de violencia histórica en regiones rurales.
La iniciativa enfrenta retos normativos, logísticos y sociales. Si bien las leyes existen, su aplicación efectiva depende de que los campesinos cuenten con acceso real a licencias, capacitación técnica, acceso a financiamiento, infraestructura y mercados para los productos derivados del cannabis. También será clave que los decretos y regulaciones sean acompañados de medidas que promuevan equidad, transparencia y respeto a comunidades étnicas.
Con esta propuesta de agroindustrialización del cannabis, el presidente Petro busca romper con modelos punitivos que no han logrado frenar la violencia ni el narcotráfico, proponiendo en cambio un modelo productivo legal que incluya al campesinado como actor central del desarrollo, la justicia social y la paz en el Cauca.
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