Petro ordena abrir archivos del DAS: decreto histórico
La desclasificación de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, entró oficialmente en vigencia tras la expedición del Decreto 1400 de 2025, una decisión que marca un hito en la política de acceso a la verdad en Colombia y que responde a una directriz directa del presidente Gustavo Petro. La medida ordena levantar la reserva de miles de documentos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados, considerados claves para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos ocurridas en décadas pasadas.
El decreto fue expedido el 22 de diciembre de 2025 y anunciado por la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, como parte de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional en materia de verdad, justicia y reparación integral. La decisión se conecta con el acto público realizado el 17 de octubre, cuando el presidente Petro reconoció la responsabilidad del Estado frente al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, y aseguró que su administración no concluiría sin una política clara de desclasificación documental.
La normativa establece el levantamiento de la reserva sobre más de 57.000 cajas de archivos que reposan en custodia estatal y que contienen información sensible relacionada con actividades de inteligencia del DAS, entidad liquidada tras múltiples escándalos por seguimientos ilegales, persecución política y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales. Estos documentos habían permanecido bajo reserva legal durante años, limitando el acceso de víctimas, investigadores y autoridades judiciales.
El Decreto 1400 de 2025 se fundamenta en obligaciones jurídicas nacionales e internacionales, especialmente en mandatos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Ambos organismos han insistido en la necesidad de garantizar el derecho a la verdad como eje central de la justicia transicional y como condición para la reparación integral de las víctimas y la no repetición de los hechos.
Desde el punto de vista legal, el presidente de la República cuenta con la facultad expresa de autorizar la desclasificación total o parcial de documentos de inteligencia y contrainteligencia en cualquier momento. Esta atribución está consagrada en el parágrafo primero del artículo 33 de la Ley 1621 de 2013, que regula la actividad de inteligencia en Colombia y fija un término general de reserva de 30 años, el cual puede ser levantado anticipadamente por razones de interés general.
El Gobierno ha señalado que la apertura de los archivos del DAS responde precisamente a ese interés general, en la medida en que contribuye al esclarecimiento de la verdad histórica y judicial, sin comprometer la seguridad nacional ni el régimen democrático. Según la DNI, el proceso de acceso a la información se realizará bajo protocolos que permitan proteger datos sensibles y garantizar un uso responsable de los documentos.
La desclasificación permitirá que jueces, fiscales, investigadores y víctimas puedan acceder a información clave para avanzar en procesos judiciales relacionados con crímenes de Estado, persecución política, interceptaciones ilegales y redes de espionaje. Asimismo, facilitará la reconstrucción de la memoria institucional y el análisis del funcionamiento de los aparatos de inteligencia en periodos críticos de la historia reciente del país.
El presidente Gustavo Petro ha insistido en que esta política no se limita únicamente al extinto DAS. En declaraciones previas, anunció que la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, conocida como DIPOL, será la siguiente entidad en iniciar procesos de desclasificación documental, siempre bajo el cumplimiento estricto de la ley y los estándares de protección de información sensible.
Para el Ejecutivo, la apertura de estos archivos representa un paso necesario para transformar un legado asociado a prácticas ilegales en una herramienta al servicio de la justicia, la transparencia y los derechos de las víctimas. La información contenida en los documentos permitirá esclarecer responsabilidades, identificar patrones de persecución y entender el alcance real de las operaciones de inteligencia que afectaron a periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados y opositores políticos.
El levantamiento de la reserva también tiene implicaciones para el sistema judicial, ya que fortalece los procesos de investigación en curso y aporta insumos documentales que durante años fueron inaccesibles. En el marco de la justicia transicional, estos archivos son considerados fundamentales para establecer la verdad plena y contribuir a la reparación simbólica y material de las víctimas.
La entrada en vigencia del Decreto 1400 de 2025 abre así una nueva etapa en el manejo de la información clasificada del Estado colombiano, con un enfoque centrado en el derecho a la verdad y en el reconocimiento de las responsabilidades institucionales. La desclasificación de los archivos del DAS se convierte en uno de los movimientos más significativos en materia de memoria histórica y acceso a la información en el país.
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