Petro alerta riesgo de fraude en elecciones 2026
El presidente Gustavo Petro Urrego lanzó una nueva advertencia sobre un posible fraude electoral en las elecciones de 2026, al cuestionar la transparencia del sistema de escrutinios y el manejo de los datos de los ciudadanos en Colombia. El mandatario aseguró que existe un riesgo “inmenso” si la misma empresa que administra información sensible de los colombianos participa en el procesamiento de los resultados electorales.
La alerta sobre fraude electoral en 2026 fue expresada durante la presentación del nuevo esquema de pasaportes colombianos, escenario en el que el jefe de Estado volvió a poner en debate la seguridad tecnológica y jurídica de los comicios legislativos de marzo y la primera vuelta presidencial prevista para mayo de ese año.
Según el mandatario, desde hace más de una semana solicitó información a la Organización Electoral para establecer si las personas o empresas que hoy manejan los datos de los colombianos son las mismas que intervienen en los escrutinios electorales. Al no recibir respuesta clara, manifestó que aumentan sus dudas sobre la solidez del sistema.
Petro sostuvo que, en su criterio, el fraude electoral en Colombia se materializa mediante prácticas como la exclusión de testigos electorales y la utilización de un software que, según afirmó, no ha sido auditado de manera independiente. Enfatizó que el punto crítico radica en el control tecnológico del escrutinio, proceso determinante para validar los resultados oficiales después del preconteo.
El presidente señaló que el software de escrutinios estaría siendo operado por una empresa identificada como ASD, filial de Thomas Greg & Sons, compañía que durante años ha ganado licitaciones relacionadas con la expedición de pasaportes y el soporte logístico de procesos electorales. La mención reavivó el debate sobre la concentración contractual en asuntos estratégicos del Estado.
En su intervención, el mandatario hizo referencia a una sentencia de nulidad electoral emitida por el Consejo de Estado que anuló varias curules del Senado para el periodo 2014-2018. De acuerdo con el presidente, dicha decisión judicial ordenaba medidas que no habrían sido implementadas plenamente, entre ellas la adquisición estatal del software de escrutinios.
Petro argumentó que la sentencia establecía que el software debía ser adquirido y administrado directamente por el Estado colombiano, con el fin de garantizar autonomía y control institucional sobre los resultados electorales. En su visión, no cumplir con esa disposición mantiene abierta una vulnerabilidad estructural en el sistema.
El jefe de Estado también recordó lo ocurrido en 2018 en la elección al Senado, proceso en el que —según afirmó— se presentó un fraude electoral demostrado, aunque cuestionó la falta de investigaciones penales contundentes. Señaló que deberían existir responsabilidades individuales frente a hechos que, a su juicio, afectaron la legitimidad democrática.
Asimismo, mencionó la situación registrada en 2022 con el movimiento Pacto Histórico, cuando cerca de 400 mil votos inicialmente no aparecieron en el preconteo y posteriormente fueron reconocidos en el escrutinio oficial. Para el mandatario, ese episodio evidencia fallas graves en la cadena de custodia y verificación de la información electoral.
No obstante, reconoció que en esa ocasión el resultado final pudo ajustarse gracias a la labor de los testigos electorales desplegados por los partidos políticos. Por ello, insistió en la importancia de que cada colectividad cuente con testigos en las más de 123 mil mesas de votación previstas en el territorio nacional.
El presidente rechazó la idea de que la seguridad electoral haya mejorado sustancialmente en los últimos años y sostuvo que el país requiere mayor transparencia, control público y auditoría tecnológica en los procesos de escrutinio. En ese sentido, anunció que entregará información a autoridades competentes internacionales para que evalúen la situación del sistema electoral colombiano.
Durante el evento en la Casa de Nariño fue invitada Natalí Carmona Giraldo, quien compartió su versión sobre el preconteo en Pereira, donde participó como testigo electoral contratada por la empresa operadora del software. Su testimonio fue presentado como un ejemplo de la necesidad de vigilancia en cada mesa, especialmente en la verificación de los formularios E-14, documentos clave para el registro inicial de votos.
El debate sobre el posible fraude electoral en 2026 se produce en un contexto de alta polarización política y de creciente discusión sobre la modernización tecnológica del sistema electoral. Expertos han señalado que la confianza ciudadana depende no solo de la legalidad formal del proceso, sino también de la percepción de imparcialidad y transparencia en cada etapa.
En Colombia, el escrutinio es la fase posterior al preconteo y consiste en la revisión oficial de los formularios y actas para consolidar los resultados definitivos. Cualquier cuestionamiento sobre el software o la custodia de datos puede incidir directamente en la legitimidad de las autoridades elegidas.
Las elecciones de 2026 serán determinantes para la renovación del Congreso de la República y la elección del próximo presidente, por lo que las advertencias del jefe de Estado han generado reacciones en distintos sectores políticos, algunos respaldando la necesidad de auditorías independientes y otros señalando que tales afirmaciones podrían afectar la confianza en el proceso.
El llamado del presidente apunta a revisar el modelo de contratación, fortalecer la supervisión estatal y garantizar que el manejo de datos personales y electorales no recaiga en estructuras que puedan generar conflictos de interés. La discusión, que apenas comienza a escalar, podría marcar la agenda política de cara a los próximos comicios.
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