Ley de Financiamiento busca equilibrio fiscal
La Ley de Financiamiento presentada por el Gobierno Nacional ante el Congreso se ha convertido en el centro del debate político y económico en Colombia. El proyecto plantea 40 decisiones tributarias orientadas a garantizar el Presupuesto General de la Nación 2026, reducir el gasto tributario, mantener el equilibrio fiscal y proteger la inversión social. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la iniciativa no busca gravar a los sectores vulnerables, sino a los de mayor capacidad económica, con énfasis en sostenibilidad ambiental, salud pública y fortalecimiento de la confianza en la economía colombiana.
La razón de ser de la Ley de Financiamiento no es arbitraria, explicó el jefe de la cartera económica, sino que responde a la necesidad de asegurar la estabilidad macroeconómica. Según Ávila, cada decisión de política fiscal ha estado orientada por la coyuntura compleja del país, procurando preservar el gasto social prioritario mientras se garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas. En este sentido, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, los subsidios de energía y gas y el financiamiento internacional durante la pandemia se consolidan como las principales presiones fiscales que hacen necesaria esta reforma.
Uno de los factores más críticos es el déficit acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), producto del subsidio a la gasolina y el diésel. Durante la pandemia, el congelamiento de precios frente a las referencias internacionales generó una deuda que el Gobierno ha venido cubriendo con recursos públicos y utilidades de Ecopetrol. La meta oficial es alcanzar un balance neutro en 2027, tras ajustes graduales en los precios y cambios presupuestales.
Otro peso significativo sobre las finanzas públicas son los subsidios de energía y gas, que han representado un esfuerzo fiscal equivalente a un punto del PIB. El Gobierno ya canceló deudas acumuladas con empresas prestadoras de estos servicios, aunque el ministro Ávila reconoció que la carga ha sido recurrente y que debe revisarse la corresponsabilidad del sector privado en la financiación de este beneficio social.
Asimismo, el país contrajo una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 5.400 millones de dólares para atender la pandemia, la cual fue cancelada en su totalidad durante los últimos dos años. Aunque esta deuda fue saldada, dejó como secuela la necesidad de fortalecer los ingresos fiscales para recuperar la capacidad de inversión y cumplir con la Regla Fiscal.
En cuanto a los cambios propuestos, la Ley de Financiamiento contempla ajustes al IVA para ciertos bienes y servicios. Entre ellos están los vehículos híbridos, que pasarían de una tarifa preferencial al 19%, las bebidas alcohólicas, cigarrillos, vapeadores, hospedajes de no residentes y juegos de azar en línea. También se grava el uso de servicios digitales como software y procesamiento en la nube, así como cirugías estéticas y arrendamientos para ferias y exposiciones.
El articulado establece además que las iglesias y confesiones religiosas que realicen actividades mercantiles deberán tributar sobre esas rentas bajo el régimen ordinario. De igual forma, las empresas no domiciliadas que presten servicios digitales desde el exterior podrán optar por pagar un impuesto del 5% sobre ingresos brutos obtenidos en Colombia.
Sin embargo, el Gobierno ha sido enfático en precisar lo que la Ley de Financiamiento no grava, disipando temores en sectores ciudadanos. No se incluyen impuestos a la canasta familiar ni a los productos de consumo básico de los estratos 1, 2 y 3. Tampoco se gravan los patrimonios inferiores a $1.900 millones, excluyendo además la vivienda de uso habitacional.
De la misma manera, no se crean nuevos impuestos a combustibles, ni se afectan cuotas de administración en propiedad horizontal, ni boletas de cine, teatro o deportes. Únicamente se contempla un IVA del 19% para boletas de espectáculos artísticos cuyo valor supere los $500.000. En el caso de los vehículos, solo los de alta gama o con precio de importación superior a 30.000 dólares verán aumentos en la tarifa de IVA.
Entre las medidas progresivas más relevantes está la tributación adicional para las personas de mayores ingresos y patrimonios, la sobretasa al sector financiero y la mayor carga fiscal sobre productos nocivos para la salud como cigarrillos, vapeadores y bebidas alcohólicas. También se incrementa del 20% al 30% el impuesto a la salida de dividendos, con el fin de fortalecer la financiación de programas sociales.
El ministro Ávila insistió en que la Ley de Financiamiento garantiza que no habrá recortes en inversión social. Los sectores de educación, salud, vivienda y programas estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 conservarán sus presupuestos. El enfoque es aumentar el recaudo para destinarlo a infraestructura, empleo y proyectos de desarrollo regional, bajo el principio de que “a mayor patrimonio, mayor aporte”.
Para los defensores de la iniciativa, este esquema fortalece la solidaridad, promueve la equidad y asegura la reducción de la brecha social. Según Ávila, la estabilidad fiscal permitirá el retorno gradual a la senda de la Regla Fiscal, reducirá la deuda pública y aumentará la confianza de los inversionistas internacionales en Colombia.
La discusión en el Congreso, sin embargo, no está exenta de críticas. Sectores de oposición consideran que algunas medidas afectan indirectamente a la clase media, y han manifestado su preocupación por los impactos en el consumo. Pese a ello, el Gobierno insiste en que los sectores de bajos y medianos ingresos no serán golpeados, y que el esfuerzo debe concentrarse en los grupos económicos más favorecidos.
La Ley de Financiamiento se presenta como una apuesta por la sostenibilidad fiscal y la justicia tributaria. Su aprobación significaría para Colombia no solo asegurar los recursos necesarios para el presupuesto 2026, sino también proyectar estabilidad macroeconómica en el mediano plazo. De cara al futuro, la iniciativa busca que la inversión pública sea motor de empleo y crecimiento, mientras la tributación progresiva se convierte en herramienta para financiar programas sociales y reducir la desigualdad.
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