La ANM avanza en la recuperación de 147.000 activos de Prodeco, marcando un hito en la historia minera y fortaleciendo la transparencia institucional.
La Agencia Nacional de Minería (ANM) avanza en el proceso de recuperación de más de 147.000 activos productivos que pertenecieron al grupo Prodeco, en lo que la entidad calificó como uno de los procesos más exigentes y estratégicos de la historia minera de Colombia.
De acuerdo con la ANM, la liquidación y reversión de los contratos del grupo Prodeco —que finalizó sus operaciones en el país a finales de 2024— permitirá que miles de bienes inmuebles, equipos, maquinaria e inventarios pasen a manos del Estado colombiano en condiciones de operatividad, consolidando un hito en la gestión de los recursos mineros nacionales.
La presidenta de la ANM, Lina Franco, destacó que el proceso representa un esfuerzo técnico y administrativo sin precedentes. “Estamos culminando una tarea histórica para la minería colombiana. Este proceso exige coordinación interinstitucional, rigor técnico y compromiso con la transparencia”, afirmó la funcionaria, resaltando el trabajo articulado que ha permitido avanzar en la transición responsable de los activos.
El trámite se originó en 2021, cuando el grupo Prodeco —filial de Glencore— presentó la renuncia a los contratos de explotación de carbón en las minas La Jagua y Calenturitas, ubicadas en el departamento del Cesar. Desde entonces, la ANM ha desarrollado un riguroso proceso de liquidación, garantizando la reversión de los bienes al Estado colombiano bajo la supervisión de la Contraloría General de la República.
La agencia explicó que el proceso se ha llevado a cabo con control preventivo, vigilancia continua y auditorías técnicas en cada una de sus fases, aplicando estándares de gestión pública orientados a la transparencia, la sostenibilidad y la eficiencia administrativa.
Tras el control de advertencia emitido por la Contraloría en enero de 2024, la ANM puso en marcha un plan de acción integral con componentes técnicos, jurídicos y financieros para garantizar la correcta valoración, planeación y administración de los activos revertidos. Estos bienes, según la entidad, integran el patrimonio minero nacional y constituyen recursos estratégicos del país.
Como parte de este esfuerzo, la ANM ha fortalecido la coordinación con autoridades ambientales, el Ministerio de Minas y Energía, el Departamento Nacional de Planeación y entidades territoriales, con el fin de definir el futuro de los bienes y asegurar que su aprovechamiento genere impactos positivos en el Cesar y beneficios directos para las comunidades mineras locales.
La agencia también ha recibido apoyo de organismos de control y cooperación técnica nacional e internacional, lo que ha permitido la implementación de herramientas tecnológicas para la trazabilidad, registro y supervisión de los activos revertidos, garantizando la legalidad y sostenibilidad del proceso.
El plan de recuperación incluye la identificación de bienes susceptibles de reutilización, la evaluación del estado técnico de maquinaria y equipos, y la planificación de nuevas estrategias productivas que permitan reactivar la actividad minera con criterios de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social.
La ANM destacó que este proceso no solo representa una acción de recuperación económica, sino también una reparación institucional frente al legado ambiental y social dejado por años de explotación. Con la devolución de estos activos al Estado, se busca promover una minería moderna, responsable y alineada con los principios del desarrollo sostenible y la justicia territorial.
Además, el avance de este proceso permitirá abrir nuevas oportunidades de inversión pública y privada, enfocadas en la transición energética justa que impulsa el Gobierno Nacional, priorizando proyectos que generen empleo digno, protejan los ecosistemas y fortalezcan la productividad regional.
La presidenta Lina Franco reiteró que la Agencia Nacional de Minería reafirma su compromiso con la defensa de los intereses del país, la transparencia institucional y la confianza ciudadana. “Cada bien recuperado representa un paso más hacia una minería que respete la vida, el ambiente y el trabajo de las comunidades. Nuestra meta es dejar un legado de legalidad y eficiencia para las futuras generaciones”, puntualizó.
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