Más de 1.000 indígenas del Gran Mallama construyen acuerdos para la Zona de Ubicación Temporal del grupo Comuneros del Sur en un avance clave hacia la paz.
Más de 1.000 integrantes del Resguardo Indígena del Gran Mallama participaron en la construcción colectiva de acuerdos para la instalación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del grupo Comuneros del Sur, un paso decisivo en el proceso de paz territorial que avanza en Nariño. La Consejería de Paz confirmó que finalizó la etapa de impactos y manejo dentro del proceso de Consulta Previa, un requisito esencial para garantizar la participación de las comunidades indígenas y asegurar que la palabra clave “Zona de Ubicación Temporal” se convierta en un eje de diálogo, confianza y transformación social.
Para asegurar que todo el resguardo estuviera representado, se realizaron seis sesiones de consulta en distintos sectores y corregimientos. En estos espacios se desarrolló un ejercicio amplio de diálogo en el que participaron autoridades indígenas, delegados del Gobierno y miembros de la comunidad, quienes identificaron los impactos de la implementación de la ZUT y las medidas necesarias para mitigar riesgos, especialmente teniendo en cuenta que este espacio será el punto de transición de los integrantes de Comuneros del Sur hacia la vida civil.
Carlos Erazo, jefe de la Delegación del Gobierno en los diálogos con este grupo armado, destacó la importancia de la escucha activa y el respeto intercultural que caracterizó esta etapa del proceso. Según explicó, estas reuniones permitieron identificar inquietudes relacionadas con la seguridad, el acompañamiento institucional y los posibles efectos socioeconómicos que la instalación de la ZUT podría traer para el territorio. La comunidad insistió en la necesidad de que las garantías de seguridad sean sólidas y duraderas, en especial para las familias que habitan zonas históricamente afectadas por la violencia.
Erazo señaló que, tras esta fase, el siguiente paso será la definición de medidas concretas que mitiguen los impactos señalados por la comunidad, lo que permitirá avanzar hacia la protocolización de los acuerdos en los próximos días. Para el Gobierno, esta etapa representa un avance significativo en la construcción de paz territorial, un proceso que prioriza la participación real de los pueblos indígenas y reconoce su papel en la transformación de las dinámicas de conflicto que han marcado durante décadas al suroccidente colombiano.
Desde el territorio, el gobernador indígena del Gran Mallama, Edgar Ramiro Velásquez, celebró el proceso y destacó que la consulta previa ha generado un ambiente positivo entre las comunidades. El líder indígena insistió en que la paz territorial debe ser un bien común y resaltó que el resguardo cumple más de un año sin registrar homicidios, un indicador que refleja una reducción significativa en los niveles de violencia. La disminución del conflicto armado ha permitido que las comunidades se involucren de manera más activa en iniciativas de reconciliación y en la construcción de acuerdos duraderos.
Velásquez enfatizó que el apoyo del resguardo a la instalación de la ZUT refleja el deseo colectivo de consolidar un territorio seguro y en transformación. Para las autoridades indígenas, asumir este proceso no solo implica un compromiso con la paz, sino también con el fortalecimiento de la armonía comunitaria y la recuperación del tejido social que ha sido afectado históricamente por la presencia de actores armados.
La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior lideró este ejercicio, que fue acompañado por la Gobernación de Nariño, la Presidencia de la República a través de la Consejería de Paz, y organismos internacionales como la MAPP-OEA. También participaron la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal de Colombia, entidades que han acompañado procesos similares en otras regiones del país. La participación de estas instituciones permitió garantizar un enfoque técnico, multicultural y ajustado a los estándares de protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Entre los avances del proceso de paz territorial en Nariño se destaca el desminado humanitario, un paso esencial para recuperar la movilidad en zonas rurales que durante años estuvieron marcadas por la presencia de artefactos explosivos. Asimismo, se han fortalecido las acciones para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y se registra una disminución sostenida en diversas manifestaciones de violencia, especialmente en municipios priorizados como Mallama. Estos resultados han generado un ambiente propicio para que las comunidades se vinculen a proyectos productivos, iniciativas de reconciliación y procesos de planeación territorial.
La consecución de estos logros reafirma que la construcción de la llamada Paz Total depende en gran medida del trabajo territorial, en el que los pueblos indígenas, las organizaciones comunitarias y las autoridades locales desempeñan roles fundamentales. Las decisiones que se toman desde las bases sociales permiten avanzar hacia acuerdos sólidos y transformaciones reales, más allá de los anuncios institucionales. El compromiso expresado por el Gran Mallama es un ejemplo de cómo el diálogo, la participación colectiva y la concertación pueden dar resultados concretos en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado.
La Zona de Ubicación Temporal proyectada en el resguardo se concibe como un espacio transitorio donde los miembros de Comuneros del Sur iniciarán su proceso de reincorporación a la vida civil. La comunidad ha insistido en que este proceso debe estar acompañado por garantías claras de seguridad, inversión social y proyectos que fortalezcan el desarrollo local. Para el Gobierno es prioritario que estas medidas se implementen respetando la autonomía indígena, la protección territorial y las prácticas propias de ordenamiento comunitario.
La protocolización de los acuerdos, que se realizará en los próximos días, marcará el inicio de una nueva etapa para Mallama. Este paso consolidará el trabajo conjunto desarrollado durante meses y permitirá avanzar hacia la instalación formal de la ZUT. Tanto el Gobierno como las autoridades indígenas coinciden en que este proceso no solo simboliza el compromiso con la paz, sino que también fortalece la confianza mutua, uno de los pilares más complejos y necesarios en regiones donde la institucionalidad ha sido históricamente limitada.Más de 1.000 integrantes del Resguardo Indígena del Gran Mallama participaron en la construcción colectiva de acuerdos para la instalación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del grupo Comuneros del Sur, un paso decisivo en el proceso de paz territorial que avanza en Nariño. La Consejería de Paz confirmó que finalizó la etapa de impactos y manejo dentro del proceso de Consulta Previa, un requisito esencial para garantizar la participación de las comunidades indígenas y asegurar que la palabra clave “Zona de Ubicación Temporal” se convierta en un eje de diálogo, confianza y transformación social.
Para asegurar que todo el resguardo estuviera representado, se realizaron seis sesiones de consulta en distintos sectores y corregimientos. En estos espacios se desarrolló un ejercicio amplio de diálogo en el que participaron autoridades indígenas, delegados del Gobierno y miembros de la comunidad, quienes identificaron los impactos de la implementación de la ZUT y las medidas necesarias para mitigar riesgos, especialmente teniendo en cuenta que este espacio será el punto de transición de los integrantes de Comuneros del Sur hacia la vida civil.
Carlos Erazo, jefe de la Delegación del Gobierno en los diálogos con este grupo armado, destacó la importancia de la escucha activa y el respeto intercultural que caracterizó esta etapa del proceso. Según explicó, estas reuniones permitieron identificar inquietudes relacionadas con la seguridad, el acompañamiento institucional y los posibles efectos socioeconómicos que la instalación de la ZUT podría traer para el territorio. La comunidad insistió en la necesidad de que las garantías de seguridad sean sólidas y duraderas, en especial para las familias que habitan zonas históricamente afectadas por la violencia.
Erazo señaló que, tras esta fase, el siguiente paso será la definición de medidas concretas que mitiguen los impactos señalados por la comunidad, lo que permitirá avanzar hacia la protocolización de los acuerdos en los próximos días. Para el Gobierno, esta etapa representa un avance significativo en la construcción de paz territorial, un proceso que prioriza la participación real de los pueblos indígenas y reconoce su papel en la transformación de las dinámicas de conflicto que han marcado durante décadas al suroccidente colombiano.
Desde el territorio, el gobernador indígena del Gran Mallama, Edgar Ramiro Velásquez, celebró el proceso y destacó que la consulta previa ha generado un ambiente positivo entre las comunidades. El líder indígena insistió en que la paz territorial debe ser un bien común y resaltó que el resguardo cumple más de un año sin registrar homicidios, un indicador que refleja una reducción significativa en los niveles de violencia. La disminución del conflicto armado ha permitido que las comunidades se involucren de manera más activa en iniciativas de reconciliación y en la construcción de acuerdos duraderos.
Velásquez enfatizó que el apoyo del resguardo a la instalación de la ZUT refleja el deseo colectivo de consolidar un territorio seguro y en transformación. Para las autoridades indígenas, asumir este proceso no solo implica un compromiso con la paz, sino también con el fortalecimiento de la armonía comunitaria y la recuperación del tejido social que ha sido afectado históricamente por la presencia de actores armados.
La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior lideró este ejercicio, que fue acompañado por la Gobernación de Nariño, la Presidencia de la República a través de la Consejería de Paz, y organismos internacionales como la MAPP-OEA. También participaron la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal de Colombia, entidades que han acompañado procesos similares en otras regiones del país. La participación de estas instituciones permitió garantizar un enfoque técnico, multicultural y ajustado a los estándares de protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Entre los avances del proceso de paz territorial en Nariño se destaca el desminado humanitario, un paso esencial para recuperar la movilidad en zonas rurales que durante años estuvieron marcadas por la presencia de artefactos explosivos. Asimismo, se han fortalecido las acciones para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y se registra una disminución sostenida en diversas manifestaciones de violencia, especialmente en municipios priorizados como Mallama. Estos resultados han generado un ambiente propicio para que las comunidades se vinculen a proyectos productivos, iniciativas de reconciliación y procesos de planeación territorial.
La consecución de estos logros reafirma que la construcción de la llamada Paz Total depende en gran medida del trabajo territorial, en el que los pueblos indígenas, las organizaciones comunitarias y las autoridades locales desempeñan roles fundamentales. Las decisiones que se toman desde las bases sociales permiten avanzar hacia acuerdos sólidos y transformaciones reales, más allá de los anuncios institucionales. El compromiso expresado por el Gran Mallama es un ejemplo de cómo el diálogo, la participación colectiva y la concertación pueden dar resultados concretos en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado.
La Zona de Ubicación Temporal proyectada en el resguardo se concibe como un espacio transitorio donde los miembros de Comuneros del Sur iniciarán su proceso de reincorporación a la vida civil. La comunidad ha insistido en que este proceso debe estar acompañado por garantías claras de seguridad, inversión social y proyectos que fortalezcan el desarrollo local. Para el Gobierno es prioritario que estas medidas se implementen respetando la autonomía indígena, la protección territorial y las prácticas propias de ordenamiento comunitario.
La protocolización de los acuerdos, que se realizará en los próximos días, marcará el inicio de una nueva etapa para Mallama. Este paso consolidará el trabajo conjunto desarrollado durante meses y permitirá avanzar hacia la instalación formal de la ZUT. Tanto el Gobierno como las autoridades indígenas coinciden en que este proceso no solo simboliza el compromiso con la paz, sino que también fortalece la confianza mutua, uno de los pilares más complejos y necesarios en regiones donde la institucionalidad ha sido históricamente limitada.
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