Defensa refuerza seguridad en Catatumbo para proteger campesinos
El Ministerio de Defensa anunció un refuerzo integral de las capacidades de seguridad en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, ante el recrudecimiento de la confrontación armada entre estructuras terroristas vinculadas al narcotráfico. La medida busca proteger a las comunidades campesinas afectadas por la violencia y garantizar condiciones mínimas de seguridad en una de las zonas más complejas del país en materia de orden público.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que se activó un Puesto de Mando Unificado, PMU, en el municipio de Tibú, como parte de una estrategia de coordinación interinstitucional para atender de manera inmediata las afectaciones a la población civil. En este espacio participan la Gobernación de Norte de Santander, los alcaldes de los municipios impactados y el Ministerio Público, con el objetivo de realizar seguimiento permanente a la situación de seguridad y articular acciones de respuesta.
Dentro de las medidas adoptadas, se dispuso el aumento del pie de fuerza tanto de la Policía Nacional como del Ejército Nacional, con refuerzos diferenciados entre las zonas urbanas y rurales del Catatumbo. En los cascos urbanos, la Policía fortaleció su presencia para prevenir hechos de violencia contra la población civil, mientras que en el área rural el Ejército incrementó el despliegue de tropas para controlar corredores estratégicos y reducir la capacidad de acción de los grupos armados ilegales.
El Ministerio de Defensa indicó que estas acciones se desarrollan en paralelo al acompañamiento de caravanas humanitarias que se movilizan hacia sectores vulnerables como Filo Gringo, donde se reportan afectaciones directas a comunidades campesinas. El seguimiento a estas misiones humanitarias hace parte del esquema de protección a la población civil, priorizando el acceso seguro a alimentos, atención médica y apoyo institucional.
De acuerdo con la información oficial, la alteración del orden público en el Catatumbo obedece a enfrentamientos entre estructuras criminales asociadas al narcotráfico, identificadas como el ELN y el frente 33, grupo que disputa el control territorial y de economías ilegales en esta subregión del nororiente colombiano. Estas confrontaciones han generado desplazamientos, restricciones a la movilidad y riesgos permanentes para los habitantes rurales.
El ministro de Defensa explicó que el Estado está empleando todas sus capacidades operativas, logísticas y de inteligencia para proteger a los campesinos del Catatumbo, al tiempo que hizo un llamado a la población para suministrar información que permita prevenir ataques y neutralizar acciones violentas. La colaboración ciudadana, señaló, es clave para anticipar riesgos y actuar de manera oportuna frente a amenazas contra las comunidades.
Como parte del fortalecimiento de la seguridad, el Gobierno nacional ingresó a la región vehículos blindados y motocicletas, destinados a mejorar la movilidad y la capacidad de reacción de las fuerzas de seguridad. Estos recursos permiten ampliar el patrullaje, reducir tiempos de respuesta y garantizar mayor presencia institucional en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado.
Adicionalmente, se activó apoyo helicoportado para facilitar el ingreso y la rotación de tropas en áreas de difícil acceso, una medida considerada estratégica dada la compleja geografía del Catatumbo. El uso de medios aéreos permite mejorar el control territorial, apoyar operaciones de seguridad y garantizar el abastecimiento logístico de las unidades desplegadas en la región.
El Ministerio de Defensa también confirmó que en el Catatumbo se mantiene una articulación operativa entre distintas unidades militares y de policía, en el marco de la Operación Esparta, la Segunda División del Ejército y la Fuerza de Tarea Vulcano. Esta coordinación busca integrar capacidades tácticas, de inteligencia e investigación para enfrentar de manera conjunta a las organizaciones armadas ilegales que operan en la zona.
A este despliegue se suma la presencia de unidades especializadas de investigación e inteligencia, encargadas de recopilar información sobre las dinámicas criminales, las rutas del narcotráfico y las estructuras de mando de los grupos armados. Estas labores son consideradas fundamentales para orientar las operaciones de seguridad y judicialización en el territorio.
La situación del Catatumbo ha sido históricamente compleja debido a su ubicación estratégica en la frontera con Venezuela, la presencia de cultivos ilícitos y la disputa por corredores del narcotráfico. En este contexto, las comunidades campesinas han sido uno de los sectores más vulnerables, enfrentando amenazas, confinamientos y limitaciones para el desarrollo de sus actividades productivas.
Desde el Gobierno nacional se reiteró que la prioridad es proteger la vida e integridad de la población civil, especialmente de los campesinos que habitan en zonas rurales afectadas por la confrontación armada. Las acciones anunciadas buscan reducir el impacto humanitario del conflicto y restablecer condiciones de seguridad que permitan el acceso de la institucionalidad a los territorios.
Las autoridades insistieron en la importancia de denunciar de manera oportuna y segura cualquier hecho que ponga en riesgo a las comunidades, utilizando los canales habilitados por la Fuerza Pública. La información suministrada por la ciudadanía es considerada un insumo clave para anticipar acciones violentas y orientar la respuesta estatal en el Catatumbo.
El refuerzo de la seguridad en esta subregión se da en un momento de especial atención nacional sobre la situación del orden público en zonas afectadas por economías ilegales. El despliegue de tropas, el uso de medios aéreos y la articulación interinstitucional forman parte de la estrategia del Gobierno para contener la violencia y proteger a las comunidades rurales en el Catatumbo.
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