Consejo de Política Criminal rechaza proyecto que busca juzgar a adolescentes como adultos
El Consejo Superior de Política Criminal emitió un concepto desfavorable frente al proyecto de ley 025 de la Cámara de Representantes, que pretende modificar el régimen de responsabilidad penal para que los adolescentes entre 14 y 18 años que cometan delitos sean juzgados bajo las mismas normas que los adultos. Según el organismo asesor del Gobierno nacional, esta iniciativa desconoce la función protectora del Estado hacia los menores de edad y contradice los principios del sistema de responsabilidad penal adolescente, cuyo enfoque es restaurativo, educativo y orientado a la resocialización.
El proyecto en cuestión, de origen parlamentario, fue radicado por el senador Efraím José Cepeda Sarabia y los representantes Christian Munir Garcés Aljure, Jamie Garcés Contreras y Óscar Leonardo Villamizar. Su propuesta central es que los jóvenes infractores reciban el mismo tratamiento penal que los adultos, aplicando de manera directa las disposiciones del Código Penal (Ley 599 de 2000) y el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004).
El Consejo Superior de Política Criminal, presidido por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, subrayó que este planteamiento desvirtúa los objetivos fundamentales del sistema penal para adolescentes. En su análisis, el organismo concluyó que la privación de la libertad y las sanciones punitivas propias del régimen adulto no garantizan la resocialización ni la protección de los derechos de los menores, y podrían, por el contrario, incrementar la reincidencia y la exclusión social.
La posición del Consejo se basa en estándares internacionales y en la jurisprudencia constitucional colombiana, que han señalado reiteradamente que los adolescentes deben recibir un tratamiento diferenciado, proporcional y pedagógico en materia penal. El organismo insistió en que los castigos impuestos a menores de edad no deben equipararse a los de adultos, pues su finalidad es distinta: mientras que el régimen penal ordinario tiene un carácter retributivo, el sistema adolescente prioriza la reintegración a la sociedad, la educación y la reparación de los daños causados.
Aunque el concepto del Consejo no es vinculante, se constituye en una orientación importante para el Congreso de la República, que será el encargado de decidir sobre el avance o archivo de la iniciativa. En este escenario, la discusión promete generar un amplio debate sobre la forma en que el Estado debe enfrentar la participación de jóvenes en delitos, y sobre los límites de la política criminal frente a la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Además de este proyecto, el Consejo Superior de Política Criminal analizó una segunda iniciativa legislativa relacionada con el fortalecimiento del principio de legítima defensa privilegiada en favor de mujeres víctimas de violencia. A diferencia del proyecto sobre adolescentes, en este caso el organismo manifestó su respaldo, aunque propuso ajustes técnicos para su discusión en el Legislativo.
Según el análisis, la iniciativa que busca fortalecer la legítima defensa femenina reconoce la particular situación de riesgo y vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres en contextos de violencia recurrente. El Consejo recomendó incorporar precisiones desde la dogmática penal para que el principio pueda aplicarse de manera clara y efectiva en casos donde las mujeres respondan a agresiones continuas.
Francisco Bernate Ochoa, presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal, enfatizó que este tipo de proyectos son fundamentales para avanzar hacia una política criminal con enfoque de género, que atienda de manera más efectiva las realidades de las mujeres víctimas de violencia.
De esta manera, el Consejo Superior de Política Criminal reitera su compromiso con una política criminal progresiva y respetuosa de los derechos humanos, que combine la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana con la obligación del Estado de proteger a los sectores más vulnerables. El organismo recordó que las decisiones en esta materia deben mantener un equilibrio entre la justicia, la prevención del delito y el respeto a los derechos fundamentales, evitando retrocesos que puedan afectar la protección de la niñez y la adolescencia en Colombia.
En conclusión, mientras el Consejo se pronuncia en contra de endurecer el régimen penal para adolescentes, reafirma la importancia de medidas diferenciadas que promuevan la reintegración y reduzcan la criminalidad juvenil. Al mismo tiempo, respalda iniciativas que fortalezcan la protección de las mujeres víctimas de violencia, marcando un contraste entre una política punitiva que podría vulnerar derechos y otra que busca ampliar garantías.
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