Colombia presenta avances en derecho al agua y vivienda
El Estado colombiano presentó ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU el séptimo informe periódico, en el que resaltó los progresos alcanzados en la garantía del derecho al agua y vivienda digna, dos ejes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. La delegación nacional, de la que hizo parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, destacó inversiones históricas y programas orientados a cerrar brechas sociales, reducir la pobreza y consolidar la paz en los territorios.
El informe expuso que en materia de vivienda digna, más de 360 mil hogares colombianos superaron el déficit habitacional en los últimos tres años. Estos resultados fueron posibles gracias al fortalecimiento de distintas soluciones habitacionales que abarcan vivienda nueva urbana y rural, mejoramiento de hogares, titulación predial, autoconstrucción, autogestión y programas de arrendamiento. El Gobierno resaltó que estas acciones están enmarcadas en un modelo normativo que prioriza el acceso de poblaciones diferenciales y promueve la gestión comunitaria como pilar del desarrollo social.
En lo relacionado con el derecho al agua, se informó sobre una inversión superior a los 4 billones de pesos entre 2022 y 2024, que permitió ampliar la cobertura y garantizar que 1,6 millones de personas accedieran por primera vez al servicio en el país. El informe también incluyó la expedición del Decreto 776 de 2025, que reglamenta el mínimo vital de agua, y la publicación del Decreto 960 del mismo año, mediante el cual se adoptó la Política de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico. Estos instrumentos se consideran claves para garantizar la sostenibilidad y la inclusión en el acceso a servicios esenciales.
Un capítulo especial se dedicó al departamento de La Guajira, una región históricamente afectada por el desabastecimiento de agua. Allí se han invertido más de 393 mil millones de pesos en proyectos de acueducto, saneamiento y acompañamiento social, con un impacto directo en 438 comunidades indígenas. Estas acciones han beneficiado a 135.084 personas mediante 241 intervenciones concluidas, mientras que otras 30 obras se encuentran en ejecución para atender a más de medio millón de habitantes.
El informe también subrayó que el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 se refleja en la política habitacional y de servicios básicos. Entre los avances se incluyen ajustes en los valores del Subsidio Familiar de Vivienda Rural (SFVR) para zonas de difícil acceso, la implementación de convocatorias con concurrencia de recursos territoriales y la priorización de los municipios incluidos en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Además, se han diseñado esquemas diferenciados de operación para atender de manera más efectiva a comunidades con particularidades geográficas y sociales.
La estrategia gubernamental para garantizar el derecho al agua y vivienda digna se presenta como un componente esencial del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Su objetivo es reducir las brechas históricas que afectan a las familias en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas. La combinación de políticas de ordenamiento territorial alrededor del agua, programas de vivienda adaptados a distintos contextos y la gestión comunitaria busca consolidar territorios más equitativos y contribuir a la paz total.
El séptimo informe presentado ante la ONU reafirma el compromiso de Colombia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Para el Gobierno, el acceso al agua potable y a una vivienda digna son derechos fundamentales que no pueden ser aplazados ni sujetos a condiciones de desigualdad. De allí que las inversiones y políticas anunciadas se orienten a garantizar que cada intervención tenga un enfoque de equidad, inclusión y sostenibilidad.
El reconocimiento internacional a los avances expuestos en Ginebra representa para Colombia un respaldo a las políticas públicas implementadas en los últimos años. Sin embargo, el reto persiste en consolidar los logros alcanzados y garantizar que los programas tengan continuidad, cobertura amplia y resultados sostenibles en el tiempo. La presentación ante el Comité DESC también funciona como un mecanismo de seguimiento y verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos y desarrollo social.
Con este balance, el país reafirma que el derecho al agua y vivienda digna seguirá siendo un pilar del Gobierno del Cambio, una prioridad en la política pública nacional y un compromiso ante la comunidad internacional. Las acciones implementadas en diferentes regiones del país son un paso más hacia la construcción de un modelo de desarrollo que garantice bienestar, justicia social y paz duradera para todos los colombianos.
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