Proyecto de soberanía alimentaria en el Senado busca priorizar producción local y frenar ultraprocesados
El Senado de la República recibió la radicación de un proyecto de ley estatutaria que busca transformar el sistema alimentario en Colombia, priorizando la producción local y reduciendo la presencia de ultraprocesados en los programas estatales de alimentación. La iniciativa, presentada por el senador León Freddy Muñoz, de la Alianza Verde, pretende garantizar que la alimentación sea reconocida como un derecho fundamental y no como un privilegio, con un enfoque en la soberanía alimentaria y la protección de las semillas nativas.
El proyecto, denominado “Soberanía alimentaria y territorios vivos: de la semilla al cuerpo”, es el resultado de un proceso participativo que involucró a campesinos, madres comunitarias, líderes sociales, sabedores ancestrales y niños de trece territorialidades alimentarias en diferentes regiones del país. Con este diálogo de saberes, la propuesta se construyó desde las comunidades que reclaman mayor autonomía sobre lo que producen y consumen.
Una de las medidas más relevantes planteadas en la iniciativa es la protección de las semillas nativas, reconocidas como patrimonio colectivo y libres de patentes, con el objetivo de evitar que sean controladas por intereses privados o corporativos. El proyecto también prohíbe el uso de ultraprocesados en los programas de alimentación financiados con recursos estatales, una disposición que busca combatir problemas de salud pública asociados al consumo de este tipo de productos.
Otro de los puntos centrales es el impulso a la compra pública de alimentos, donde se propone que al menos el 70 % de los productos adquiridos provengan de campesinos, productores locales y organizaciones comunitarias. Esta medida, de aprobarse, beneficiaría a la economía rural, fortalecería los circuitos cortos de comercialización y consolidaría mercados más justos para quienes producen alimentos de manera sostenible.
El articulado contempla además la creación de Consejos Territoriales de Alimentación con carácter vinculante y participación mayoritaria de representantes comunitarios. Estas instancias tendrían la función de definir políticas locales, hacer seguimiento a la implementación de programas alimentarios y garantizar que las decisiones respondan a las realidades y necesidades de cada región.
El proyecto de soberanía alimentaria se distancia del tradicional concepto de seguridad alimentaria, que prioriza la cantidad de alimentos disponibles, y plantea un enfoque que valora la calidad nutricional, la autonomía de los pueblos y la justicia para productores y consumidores. Con ello se busca no solo garantizar el derecho a una alimentación sana, sino también preservar la diversidad cultural y ambiental del país.
La iniciativa ha generado expectativa en diferentes sectores sociales y académicos, al ser vista como una oportunidad para replantear la forma en que Colombia organiza su política alimentaria. Expertos en salud y nutrición han advertido que el consumo creciente de ultraprocesados está vinculado a enfermedades como la obesidad, la diabetes y problemas cardiovasculares, lo que refuerza la necesidad de fomentar dietas basadas en alimentos frescos y naturales.
Asimismo, organizaciones campesinas y ambientalistas han respaldado la propuesta, destacando que representa un reconocimiento al papel histórico de las comunidades rurales en la producción de alimentos y en la conservación de semillas tradicionales. Para ellas, el proyecto ofrece un marco legal que protege el patrimonio biocultural frente a la presión de modelos agrícolas dependientes de químicos, monocultivos y transgénicos.
El senador León Freddy Muñoz ha subrayado que el proyecto busca sembrar un futuro distinto para Colombia, donde la salud empiece en la semilla, el agua y el suelo, y no esté condicionada por los intereses de las grandes industrias alimentarias. Según el congresista, avanzar hacia la soberanía alimentaria significa que las familias colombianas puedan alimentarse con dignidad, cultura y productos reales, en lugar de depender de cadenas dominadas por los ultraprocesados.
De aprobarse, esta ley estatutaria implicaría un cambio de paradigma en la política alimentaria nacional, pasando de un modelo asistencialista a uno basado en la autonomía territorial, la participación ciudadana y el respeto a la biodiversidad. En ese sentido, el Congreso tendría en sus manos la posibilidad de establecer un marco legal que reconozca la alimentación como un derecho fundamental y que fortalezca la relación entre los colombianos y sus territorios.
El debate apenas comienza, pero el proyecto ya pone sobre la mesa la necesidad de replantear la manera en que Colombia produce, distribuye y consume alimentos. En un país con altos índices de desigualdad y con comunidades que aún enfrentan inseguridad alimentaria, la discusión sobre la soberanía alimentaria puede convertirse en un tema central de la agenda política y social en los próximos meses.
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