Petro responde al Consejo de Estado: “Acato los fallos, pero no me callo”
El presidente Gustavo Petro respondió con firmeza al fallo del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, impulsado por su Gobierno. Durante su discurso en la Marcha por la paz, la soberanía y la democracia, el mandatario afirmó que aunque acata las decisiones judiciales, no renunciará a su propósito de transformar el sistema de salud en Colombia para garantizar el acceso equitativo y digno a los servicios médicos.
“Nos tumbaron el decreto del sistema preventivo de salud, que ha logrado reducir la mortalidad infantil en Colombia. Claro que acato los fallos, pero no me acallo”, expresó Petro ante miles de ciudadanos congregados en la Plaza de Bolívar en Bogotá. La frase, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se convirtió en una de las más destacadas de la jornada y refleja el tono desafiante con el que el mandatario enfrenta los recientes reveses judiciales.
El Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente el Decreto 0858 de 2025, expedido por el Ejecutivo, tras admitir una demanda que argumenta que el presidente excedió sus facultades al implementar un nuevo modelo de atención en salud sin la aprobación del Congreso. La medida cautelar implica que el decreto queda sin efectos mientras el alto tribunal estudia el caso de fondo.
El modelo de salud preventiva suspendido tenía como eje central el despliegue de equipos médicos territoriales conformados por médicos, enfermeros y promotores de salud comunitaria, encargados de recorrer zonas rurales y urbanas marginadas para brindar atención primaria y seguimiento a familias vulnerables. El programa había sido presentado por el Gobierno como una estrategia para reducir la mortalidad infantil, prevenir enfermedades y fortalecer la salud pública en regiones históricamente abandonadas.
Durante su intervención, Petro enfatizó que su administración no permitirá que “los intereses políticos o económicos” frenen la transformación del sistema sanitario, que busca poner la salud al servicio del pueblo y no del lucro privado. Según el mandatario, la decisión judicial afecta una de las medidas más importantes de su Gobierno, orientada a proteger a los sectores más pobres y apartados.
En un tono enérgico, el presidente criticó la corrupción que, según él, ha caracterizado al sistema de salud durante años. Denunció que miles de millones de pesos en recursos públicos han sido desviados por redes de poder que se benefician de la intermediación y los sobrecostos, dejando hospitales quebrados y comunidades sin atención médica adecuada.
El jefe de Estado aseguró que su Gobierno continuará defendiendo la reforma a la salud actualmente en debate en el Congreso, que busca eliminar la intermediación de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) y fortalecer la atención primaria con enfoque preventivo y territorial. Según Petro, la meta es construir un sistema que priorice la vida, la equidad y la eficiencia, bajo un enfoque de salud como derecho fundamental y no como negocio.
El presidente reiteró que la reforma sanitaria es parte de un conjunto de transformaciones estructurales que incluyen la reforma pensional y la reforma agraria, todas orientadas a reducir las brechas sociales y fortalecer la justicia económica. En sus palabras, se trata de “garantizar derechos fundamentales, justicia social y equidad en los territorios”.
La suspensión del decreto por parte del Consejo de Estado ha reavivado el debate sobre los límites del poder ejecutivo y la autonomía de los jueces en la interpretación de las competencias del Gobierno en materia de política pública. Expertos constitucionalistas sostienen que el presidente no puede, mediante decreto, modificar la estructura del sistema de salud, una facultad reservada al Congreso de la República. Sin embargo, otros juristas argumentan que el Ejecutivo sí tiene margen para implementar programas administrativos orientados a mejorar la atención preventiva.
El Ministerio de Salud y Protección Social, bajo la dirección de Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió la legalidad del decreto, señalando que no se trataba de una reforma estructural, sino de una estrategia operativa que complementa el sistema existente y cumple con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. De acuerdo con cifras de la cartera, desde la puesta en marcha del modelo en varios departamentos, la tasa de mortalidad infantil se redujo en un 12 %, y se lograron más de 180.000 atenciones preventivas en zonas rurales.
El fallo del Consejo de Estado también ha generado reacciones encontradas en el sector médico. Mientras algunos gremios celebraron la suspensión, argumentando que el decreto carecía de soporte técnico y financiero, otros profesionales de la salud alertaron que detener la estrategia podría afectar la continuidad de programas comunitarios esenciales, especialmente en regiones como La Guajira, Chocó, Putumayo y el Pacífico colombiano, donde los equipos territoriales ya operaban.
Petro aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía a defender el modelo preventivo, destacando que “la reforma a la salud salva la vida de niños y niñas, no deja morir a las madres gestantes ni a los recién nacidos por desnutrición o falta de atención médica”. Según el mandatario, su política sanitaria apunta a erradicar la exclusión y la desigualdad en el acceso a los servicios básicos.
Con la frase “acato los fallos, pero no me callo”, el presidente reiteró su respeto por las instituciones judiciales, pero dejó claro que mantendrá su discurso crítico frente a lo que considera una resistencia del poder judicial y político tradicional a las transformaciones sociales que su Gobierno impulsa.
En el cierre de su discurso, el mandatario reafirmó que su compromiso es con los más vulnerables y con el derecho a la salud como principio constitucional irrenunciable. “Seguiremos luchando para que nadie en Colombia muera por falta de atención, agua o comida. El cambio en salud no se detiene”, concluyó.
El caso ahora continúa en estudio por parte del Consejo de Estado, que deberá definir en los próximos meses si el decreto podrá restablecerse o si, por el contrario, se confirma su nulidad definitiva. Mientras tanto, el Gobierno Petro buscará otras vías legales y administrativas para mantener activos los programas de atención primaria en salud y garantizar que la política preventiva llegue a todos los rincones del país.
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