Petro desafía a Trump tras la descertificación “Corrija su política antidrogas”; apuesta por la erradicación voluntaria
El presidente Gustavo Petro respondió con firmeza a la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, planteando que la política antidrogas impulsada desde Washington ha fracasado y debe ser corregida. En un pronunciamiento nacional, aseguró que la estrategia actual de su gobierno, basada en la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos, ha demostrado mejores resultados y menos costos humanos en comparación con la erradicación forzada que aplicaron administraciones anteriores.
De acuerdo con el mandatario, la descertificación constituye una injusticia hacia el país que más vidas ha perdido en la lucha contra el narcotráfico, y que ha sostenido un esfuerzo histórico en la contención de la oferta de cocaína destinada a los mercados de Norteamérica y Europa. Insistió en que Colombia no solo ha mostrado resultados en incautaciones históricas, sino también en la reducción sostenida del crecimiento de cultivos de hoja de coca durante los últimos dos años.
El jefe de Estado defendió la estrategia de sustitución voluntaria al señalar que, mientras la erradicación forzada con glifosato llegó a más de 130.000 hectáreas en 2020, los cultivos no se redujeron en proporción y, por el contrario, aumentaron en los años posteriores, llegando a más de 200.000 hectáreas en 2021. A su juicio, estas cifras reflejan que la presión militar y las fumigaciones no solo fueron ineficaces, sino también nocivas para las comunidades rurales y el medioambiente.
En contraste, el modelo implementado por su administración desde 2022 ha logrado disminuir el crecimiento del área cultivada con coca. Según las cifras oficiales, en 2023 el aumento fue del 9 % y en 2024 del 3 %, un cambio significativo frente al crecimiento del 43 % registrado en 2021. El presidente subrayó que, además de contener el incremento, se han erradicado voluntariamente más de 25.000 hectáreas en lo que va de su mandato, sin recurrir a medidas forzadas que ponen en riesgo la vida de policías, militares y campesinos.
El gobierno colombiano también ha defendido que su política antidrogas se enfoca en la prosperidad de las familias rurales, promoviendo alternativas económicas sostenibles en lugar de la represión violenta. El enfoque busca disminuir la dependencia de comunidades enteras hacia la coca, otorgándoles condiciones de vida digna y opciones de desarrollo legal que frenen la expansión de los cultivos ilícitos de manera estructural.
Petro advirtió que la estrategia de guerra contra las drogas de las últimas cinco décadas, basada en la criminalización del campesinado y en la destrucción de cultivos, ha fracasado rotundamente. Para el gobierno colombiano, el verdadero enemigo no son los agricultores pobres, sino las redes de narcotráfico que se fortalecen en los países de consumo. En ese sentido, reiteró la necesidad de que Estados Unidos y Europa asuman un papel diferente, que incluya cooperación en inteligencia, inversión en desarrollo social y un replanteamiento del enfoque prohibicionista.
La administración nacional considera que este nuevo modelo, más humano y menos violento, genera resultados positivos tanto en términos de reducción de cultivos como en la protección de la vida de quienes participan en los territorios más afectados por la economía ilegal. Además, ha permitido fortalecer la confianza de las comunidades campesinas en el Estado, lo cual reduce la probabilidad de que regresen a sembrar coca tras las erradicaciones.
El presidente colombiano sostuvo que la política antidrogas no puede seguir midiéndose únicamente en número de hectáreas destruidas o toneladas incautadas, sino en bienestar social, reducción de la violencia y estabilidad económica de las familias rurales. Con este enfoque, Colombia busca mostrar que es posible enfrentar el narcotráfico sin multiplicar la violencia ni sacrificar a las comunidades más vulnerables.
El pronunciamiento de Petro marca un nuevo capítulo en la relación bilateral con Estados Unidos, al poner sobre la mesa la soberanía de Colombia en el diseño de su política antidrogas y al cuestionar los parámetros con los que históricamente Washington ha evaluado los esfuerzos del país. Si bien la descertificación puede generar tensiones diplomáticas y afectar la cooperación internacional, el gobierno colombiano reafirma que no retrocederá en su estrategia de erradicación voluntaria y que mantendrá el diálogo abierto, pero sin aceptar imposiciones externas.
Con esta posición, Colombia se presenta ante el mundo como un país que busca romper con un modelo ineficaz, que ha dejado millones de víctimas y no ha frenado la expansión del narcotráfico, y apuesta por una política que priorice la vida, la dignidad campesina y la reducción estructural de los cultivos ilícitos.
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