Fuerzas Militares desmantelan 11 laboratorios de droga en el Meta: golpe a disidencias
Las Fuerzas Militares de Colombia lograron desmantelar 11 laboratorios de droga en el sur del Meta, en una operación que representa un golpe directo a las economías ilícitas de las disidencias de las FARC. El complejo ilegal era controlado por el bloque ‘Jorge Suárez Briceño’, bajo el mando de alias Calarcá, y operaba en zona rural del municipio de Puerto Rico.
El operativo se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus y fue ejecutado de manera conjunta por la Fuerza de Tarea Omega del Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía. Como resultado, fueron destruidas diez estructuras destinadas al procesamiento de pasta base de coca y un laboratorio de clorhidrato de cocaína con capacidad de producción a gran escala.
Las autoridades revelaron que el laboratorio de clorhidrato de cocaína estaba compuesto por diez estructuras de madera equipadas con insumos y maquinaria, lo que permitía la producción mensual de tonelada y media de cocaína. El valor de esta producción superaba los 30.000 millones de pesos, lo que evidencia la magnitud del golpe financiero que supone esta operación para la estructura criminal.
El desmantelamiento de los laboratorios no solo afecta la capacidad logística del bloque armado, sino que también neutraliza su posibilidad de expansión en la región del sur del Meta, donde venían consolidando su economía ilícita. Esta acción se convierte en una de las más importantes de los últimos meses en la lucha contra el narcotráfico en el país, al atacar directamente la infraestructura productiva de las disidencias.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro destacó el resultado de la operación como parte de su estrategia para debilitar las finanzas de los grupos armados organizados. Las acciones militares y policiales en esta zona del país se enmarcan en la política de seguridad que busca no solo reducir la producción de drogas ilícitas, sino también garantizar la seguridad de las comunidades rurales que históricamente han sido afectadas por la presencia de estas organizaciones.
El sur del Meta ha sido identificado como un corredor estratégico para las economías ilegales debido a sus características geográficas y su conexión con rutas de narcotráfico que conducen hacia los Llanos Orientales y la frontera con Venezuela. En este contexto, las disidencias del bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ mantenían un control significativo que ahora se ve seriamente debilitado con la pérdida de su complejo productivo más importante.
La destrucción de estos laboratorios representa una afectación directa a la capacidad de financiamiento de las estructuras ilegales, que dependen de los recursos del narcotráfico para sostener su pie de fuerza, adquirir armamento y expandir su control territorial. Además, se resalta que el operativo evitó que toneladas de cocaína llegaran a mercados internacionales, lo que reduce el flujo de capital ilícito que alimenta las redes criminales.
Las Fuerzas Militares ratificaron que continuarán desarrollando operaciones ofensivas en coordinación con la Policía Nacional y otras instituciones del Estado, con el fin de desarticular los eslabones de la cadena del narcotráfico en el país. La meta es debilitar de manera estructural las finanzas de los grupos armados ilegales, afectando sus fuentes de ingreso y limitando su capacidad de operar en diferentes regiones.
Este resultado refuerza el compromiso del Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico y consolida un mensaje claro frente a las estructuras criminales que buscan sostenerse mediante economías ilícitas. La operación en Puerto Rico, Meta, se suma a una serie de acciones estratégicas que apuntan a reducir la producción de drogas y fortalecer la presencia institucional en los territorios más afectados por el conflicto armado.
Con este nuevo golpe, el Gobierno reafirma que la política de seguridad se centra no solo en la persecución militar, sino en el desmonte de las redes económicas que sostienen a las organizaciones ilegales. Al atacar su infraestructura productiva, se reduce su margen de acción y se abren espacios para avanzar en procesos de estabilización y construcción de paz en las regiones más golpeadas por el narcotráfico.
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