Proyecto busca soluciones al déficit de gas en Colombia
El senador Miguel Ángel Barreto, del Partido Conservador, radicó un proyecto de ley en el Congreso de la República que pretende enfrentar el déficit de gas en Colombia y estabilizar las tarifas que hoy afectan tanto a los hogares como a la industria nacional. La iniciativa, presentada el 16 de septiembre de 2025, propone flexibilizar las reglas para la importación y comercialización de gas natural con el fin de garantizar seguridad energética y mitigar los impactos de la volatilidad en el mercado.
La preocupación no es menor. De acuerdo con estimaciones de Fedesarrollo, de no tomarse medidas a tiempo, el país podría destinar hasta 28 billones de pesos en importaciones de gas hacia 2033. Esto no solo incrementaría la presión sobre las finanzas públicas, sino que también afectaría la competitividad de sectores productivos que dependen de este recurso. Actualmente, Colombia ya importa cerca de 170 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa alrededor del 17% de la demanda interna.
El senador Barreto, vicepresidente de la Comisión Quinta, aseguró que el país pasó en apenas tres años de ser autosuficiente en gas natural a depender de las importaciones sin contar con la infraestructura adecuada ni con un marco regulatorio que garantice estabilidad. Según el congresista, esta situación ha golpeado directamente el bolsillo de los colombianos, quienes hoy pagan tarifas más altas por un servicio que históricamente era más accesible y confiable.
El proyecto de ley se articula en tres ejes centrales. El primero consiste en habilitar contratos de importación de largo plazo, con vigencias superiores a 10 años, que permitan recuperar la inversión a través de las tarifas y otorguen mayor previsibilidad a los precios. Este mecanismo busca evitar la volatilidad derivada de la compra de gas en el mercado spot, donde los precios fluctúan constantemente por factores internacionales.
El segundo eje propone migrar hacia un esquema de estampilla nacional en el transporte de gas. Actualmente, las tarifas de transporte varían dependiendo de las rutas y puntos de conexión, lo que genera desequilibrios y encarece el servicio en ciertas regiones. Con la estampilla nacional, se pretende unificar costos para todos los usuarios, garantizando mayor equidad en la distribución y en el acceso al recurso.
El tercer eje contempla la implementación de canastas tarifarias a lo largo de toda la cadena de suministro del gas natural. De esta manera, se busca proteger a los usuarios más vulnerables frente a los impactos de la inflación energética y asegurar que las alzas en los precios internacionales no se trasladen de manera inmediata y desproporcionada a los hogares de menores ingresos.
Para el senador Barreto, estas medidas no solo permitirían blindar al país frente al déficit de gas en Colombia, sino también ofrecer mayor certeza a los inversionistas y a las empresas del sector energético. “El gas natural es una fuente de bajas emisiones y el energético más económico de la canasta colombiana. Por eso resulta clave para la confiabilidad del sistema y para mantener la estabilidad del servicio”, afirmó.
El debate sobre el déficit de gas en Colombia ha venido cobrando relevancia en los últimos años. Expertos en política energética advierten que el país necesita con urgencia diversificar sus fuentes de abastecimiento y ampliar su infraestructura de regasificación y transporte. Actualmente, el terminal de regasificación de Cartagena y los contratos de importación desde Estados Unidos y Trinidad y Tobago han sido la base para cubrir la creciente demanda, pero los analistas aseguran que no son suficientes frente a escenarios críticos como el fenómeno de El Niño, que aumenta la presión sobre el sistema eléctrico y, en consecuencia, sobre el consumo de gas.
La propuesta legislativa de Barreto también se enmarca en la discusión sobre la transición energética. Si bien el país ha asumido compromisos para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia fuentes renovables, el gas natural sigue siendo considerado un energético de transición por sus menores emisiones y su papel en la estabilidad del sistema eléctrico. De ahí que su disponibilidad y precio tengan un impacto directo no solo en los hogares, sino también en la competitividad industrial y en la seguridad energética nacional.
El proyecto busca, en ese sentido, equilibrar dos necesidades: por un lado, responder al déficit de gas en Colombia mediante mecanismos que aseguren el suministro en el corto y mediano plazo, y por el otro, generar condiciones que hagan sostenibles las tarifas y protejan a los consumidores más afectados por la inflación energética.
Barreto subrayó que el Congreso debe dar un rápido trámite a esta iniciativa, ya que cada año de retraso implica mayores costos para los hogares y riesgos adicionales para la industria. “Estamos hablando de un servicio público esencial. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que el acceso al gas sea confiable, justo y sostenible. Con este proyecto queremos darles certezas a los usuarios y construir una política energética responsable”, afirmó el legislador.
Además de las medidas regulatorias, el senador destacó la importancia de avanzar en la construcción de nueva infraestructura que soporte el crecimiento de la demanda y en la modernización de las plantas de generación eléctrica que funcionan con gas natural. Según expertos, la demanda del energético podría aumentar significativamente en la próxima década, no solo por el crecimiento poblacional y productivo, sino también por su papel estratégico en el proceso de transición hacia energías más limpias.
El déficit de gas en Colombia se ha convertido en uno de los principales retos de la política energética nacional. Mientras la producción interna en campos tradicionales como La Guajira disminuye, las importaciones han venido en aumento, generando incertidumbre frente a la autosuficiencia. En este contexto, el proyecto de ley radicado por el senador Miguel Ángel Barreto representa un esfuerzo por diseñar soluciones estructurales que permitan garantizar el suministro, estabilizar las tarifas y fortalecer la seguridad energética del país.
El trámite legislativo iniciará en las próximas semanas en la Comisión Quinta del Senado, donde se espera que distintos actores del sector energético, gremios y expertos participen en la discusión. La apuesta del congresista es que, con respaldo multipartidista, se logre aprobar una norma que proteja a los consumidores, garantice un servicio público de calidad y brinde mayor competitividad a la industria nacional.
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