Congreso debe citar a dueños de Air-e: Palma
La crisis de energía en la Costa Caribe volvió al centro del debate nacional tras las fuertes declaraciones del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, en la Comisión V del Senado. Durante la instalación de la comisión accidental encargada de hacer seguimiento a la intervención de la empresa Air-e, el funcionario pidió que los dueños de la compañía sean citados al Congreso para responder por los incumplimientos, el deterioro del servicio y lo que calificó como un “acoso judicial” contra el Gobierno Nacional.
Palma fue enfático en señalar que los propietarios de Air-e son los principales responsables de la crisis que afecta a 1,4 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira. “A esta comisión le falta una pata. Debió invitarse a los dueños de la empresa, porque ellos no son ajenos al tema. Todos los días nos acosan con derechos de petición, y no se hacen responsables de lo que pasa con los usuarios”, aseguró el ministro en su intervención.
La solicitud de Edwin Palma recibió el respaldo del superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, quien también participó en el debate legislativo. Ambos coincidieron en que el Estado no puede cargar solo con las consecuencias de años de incumplimientos en materia de inversiones, maltratos a los usuarios y prácticas empresariales que han elevado las tarifas de energía en la región Caribe.
El ministro recordó que el 30 de noviembre de 2024 entregó un informe de 704 páginas en el que documentó las irregularidades detectadas durante su gestión como agente interventor de Air-e. Entre ellas se destacan el incumplimiento de compromisos de inversión, la ruptura del pacto social con los usuarios por parte de la empresa, el incremento injustificado en las tarifas y un ataque cibernético que afectó directamente a la prestación del servicio en varias ciudades de la región.
En contraste, Palma resaltó los logros obtenidos bajo su intervención en la compañía. Entre las medidas adoptadas estuvieron la congelación de tarifas por tres meses, la eliminación del cobro de alumbrado público y la separación de la tasa de seguridad. Asimismo, se garantizó la contratación de energía para todo el año 2025, se formalizaron más de 400 trabajadores y se solicitó al Ministerio de Trabajo abrir investigaciones a Enerpereira por la tercerización de al menos 300 empleados.
“Lo hicimos porque creemos en la dignidad del trabajador y la trabajadora. Esa coherencia es la que ha defendido este Gobierno desde el inicio”, señaló Palma, al recordar que los dueños de Air-e también son propietarios de la empresa Energía de Pereira, donde se detectaron prácticas similares de precarización laboral.
En cuanto al plan de choque del Gobierno Nacional para garantizar la energía en la Costa Caribe, el jefe de la cartera energética explicó que se avanza en la contratación directa de energía, en una subasta pública de obras, y en la identificación de siete proyectos prioritarios a cargo de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). También se construye una agenda regulatoria conjunta con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Superintendencia de Servicios Públicos para blindar al sector de nuevas irregularidades.
Palma fue contundente al afirmar que, de no haberse intervenido Air-e, la región ya estaría experimentando apagones masivos. Por ello, insistió en que la solución definitiva debe pasar por una empresa pública que garantice calidad, confiabilidad y un trato digno a los usuarios. “La energía es un derecho del pueblo colombiano y no un negocio para unos pocos”, recalcó.
El debate en el Congreso no solo se centró en los incumplimientos de Air-e, sino también en las alternativas del Gobierno para reducir la dependencia de subsidios y disminuir los costos de la energía en la región. En este punto, el ministro anunció la firma del decreto que crea el programa Colombia Solar, el cual busca sustituir subsidios por paneles solares, permitiendo ahorros de entre el 20 % y el 40 % en las facturas de los hogares más pobres.
Según Palma, la Costa Caribe será el primer territorio piloto del programa, con un impacto esperado de cerca de un millón de usuarios beneficiados. “Con Colombia Solar, transformaremos la forma en que se subsidia la energía y daremos un paso histórico hacia la transición energética justa”, afirmó.
La crisis de energía en la Costa Caribe ha sido un tema recurrente en los últimos años, generando malestar social, protestas y reclamos de líderes regionales. Organizaciones de usuarios han denunciado abusos tarifarios, mala atención y un deterioro progresivo de la calidad del servicio. La intervención de Air-e y el debate en el Congreso se enmarcan en un esfuerzo por encontrar soluciones estructurales que vayan más allá de medidas coyunturales.
El llamado del ministro Edwin Palma a que los dueños de la compañía respondan ante el Legislativo busca abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre la responsabilidad empresarial en el sector energético colombiano. Para el Gobierno, el respaldo del Congreso y de todas las instituciones del Estado es fundamental para garantizar que los habitantes de la Costa Caribe recuperen la confianza en el servicio de energía y se restablezca el pacto social roto por años de malas prácticas.
La próxima sesión de la comisión accidental se prevé que cuente con la participación de los propietarios de Air-e, quienes tendrán que dar explicaciones sobre su papel en la crisis de energía en la Costa Caribe y sobre el futuro de la empresa. El desenlace de este proceso legislativo marcará un hito en la regulación del sector y en la forma en que se exige responsabilidad a los operadores privados que prestan servicios públicos esenciales.
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