Indemnizan a 1.534 víctimas en Valle del Cauca
Un total de 1.534 víctimas del conflicto armado en Valle del Cauca recibieron indemnizaciones por más de 17.800 millones de pesos, en una jornada liderada por la Unidad para las Víctimas que refuerza el compromiso del Gobierno nacional con la reparación integral de quienes han sufrido los impactos de la violencia en Colombia.
El director general de la entidad, Adith Rafael Romero, encabezó la entrega de cartas de indemnización y destacó que el Gobierno seguirá llegando a los territorios más golpeados por el conflicto. “Donde haya una víctima del conflicto, allá estaremos como Estado brindando atención y reparación integral. Hemos estado en Cauca, en Cali y seguiremos avanzando con inversión social en cada rincón del país”, afirmó Romero.
Estas indemnizaciones hacen parte de un proceso de reparación económica que busca contribuir a la reconstrucción de proyectos de vida, fomentar la inclusión social y promover la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. En lo corrido del segundo semestre de 2025, la Unidad ha entregado 5.164 cartas de indemnización en Valle del Cauca, lo que representa una inversión superior a los 43.761 millones de pesos en beneficio de sobrevivientes del conflicto.
Durante la jornada en el departamento, el director escuchó de primera mano las inquietudes y necesidades de las víctimas, y sostuvo un encuentro con representantes de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas. Norma Patricia García, coordinadora de la Mesa en Santiago de Cali, resaltó la importancia de mantener una comunicación directa con el Gobierno nacional: “Es fundamental la articulación para mostrar desde nuestros territorios las necesidades reales que tiene nuestra población y avanzar en soluciones conjuntas”.
La entrega de indemnizaciones estuvo acompañada de un componente pedagógico que buscó orientar a los beneficiarios en el uso responsable de los recursos. Los asistentes recibieron asesoría sobre proyectos productivos, educación financiera y oportunidades de inversión que pueden generar ingresos sostenibles en el mediano y largo plazo. Además, se acercó a la población la oferta institucional del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que incluye servicios en educación, salud, vivienda y empleo.
Un aspecto destacado de esta agenda en Valle del Cauca fue la reciente apertura del punto de atención a víctimas en Jamundí. Esta nueva sede permitirá que más de 26.000 personas afectadas por el conflicto en el municipio y en zonas cercanas del norte del Cauca accedan de manera directa a los servicios de la Unidad, sin necesidad de desplazarse hasta Cali.
“El propósito de esta apertura es facilitar los trámites y garantizar que las víctimas reciban atención sin necesidad de intermediarios. La invitación es a acercarse a nuestras sedes, donde los servicios son completamente gratuitos”, agregó Romero.
Con esta estrategia de descentralización, la Unidad busca acercar el Estado a las comunidades, reduciendo tiempos de espera y costos de desplazamiento, lo que representa un avance en el derecho de las víctimas a recibir una atención integral.
El Gobierno nacional ha señalado que la reparación económica es solo uno de los pilares de la política de atención a las víctimas. El proceso también abarca medidas de rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y restitución de tierras. Sin embargo, la entrega de indemnizaciones cobra un valor simbólico y práctico al reconocer de manera directa los daños ocasionados y al brindar recursos que permitan reconstruir proyectos de vida truncados por el conflicto.
En Valle del Cauca, uno de los departamentos más afectados históricamente por la violencia armada, las indemnizaciones representan una oportunidad de reconstrucción y resiliencia para miles de familias que han vivido desplazamiento, despojo de tierras, desaparición forzada y otros hechos victimizantes.
De acuerdo con datos de la Unidad, Valle del Cauca concentra más de 400.000 personas reconocidas en el Registro Único de Víctimas, lo que refleja la magnitud de la tragedia y la importancia de mantener políticas de reparación sostenidas en el tiempo. En este contexto, las jornadas de entrega de indemnizaciones son un paso significativo, pero también plantean el reto de acelerar los procesos para alcanzar una mayor cobertura.
En paralelo a la entrega de cartas, la Unidad para las Víctimas continúa trabajando en la actualización de las bases de datos de beneficiarios, el fortalecimiento de los puntos de atención y la implementación de estrategias de acompañamiento psicosocial. Estas acciones buscan que la reparación no se limite a lo económico, sino que también incluya la reconstrucción emocional y comunitaria.
El encuentro en Valle del Cauca también permitió fortalecer el diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sociales que representan a las víctimas. Líderes comunitarios señalaron la importancia de garantizar transparencia y celeridad en los procesos, así como de ampliar la inversión en programas que promuevan oportunidades de educación y empleo para jóvenes que crecieron en contextos de violencia.
Romero reiteró que la visión del Gobierno del Cambio es mantener la presencia constante en el territorio y construir, de la mano de las comunidades, un modelo de reparación integral que trascienda los cuatro años de un mandato. “La reparación a las víctimas es un compromiso de Estado, no de un solo gobierno. Lo que estamos construyendo es un camino hacia la dignidad, la justicia y la paz”, señaló.
La entrega de indemnizaciones en Valle del Cauca se suma a las jornadas que la Unidad ha desarrollado en otras regiones del país como Cauca, Nariño, Antioquia y Córdoba. En cada uno de estos territorios, la estrategia busca no solo entregar recursos, sino también generar confianza entre el Estado y la población, así como impulsar procesos de reconciliación y construcción de paz territorial.
Con más de 17.800 millones de pesos entregados a 1.534 víctimas en esta jornada, el Valle del Cauca reafirma su papel como epicentro de la política de reparación integral en Colombia. Las próximas jornadas, según anunció la Unidad, se concentrarán en llegar a zonas rurales y municipios históricamente afectados por el conflicto, donde persisten desafíos en materia de acceso y cobertura.
De esta manera, la Unidad para las Víctimas consolida su compromiso de avanzar en la reparación integral con presencia territorial, pedagogía sobre el uso de los recursos y apertura de nuevas sedes que acerquen el Estado a las comunidades. Un esfuerzo que, aunque enfrenta retos en términos de alcance y tiempos, representa un paso firme hacia la dignidad de quienes han sufrido los impactos más duros de la violencia.
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