El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, indicó que la reforma contiene los fundamentos necesarios para atender la coyuntura del sector y permitirá inyectar nuevos recursos.
El Gobierno nacional urgió al Congreso de la República a retomar la discusión de la reforma a la salud que, según el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, permanece estancada desde abril pese a la gravedad de la crisis del sistema. El alto funcionario intervino este martes en la Comisión Séptima del Senado, donde reiteró que la iniciativa del Gobierno del Cambio contiene los fundamentos necesarios para estabilizar la prestación de servicios y garantizar que los recursos lleguen directamente a hospitales y clínicas.
Jaramillo recordó que los problemas financieros de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no son recientes, sino que se arrastran desde hace más de 25 años. “Hoy ninguna cumple con los requisitos para operar como aseguradora”, afirmó, al citar informes de la Contraloría General de la República que advierten sobre inconsistencias graves en el manejo de los recursos. Según los reportes del organismo de control, en los últimos años las EPS no han justificado el uso de cerca de 16 billones de pesos, mientras los pacientes enfrentan demoras en citas, procedimientos y medicamentos.
El ministro explicó que la reforma busca recuperar la estabilidad del sistema a través de una combinación de medidas inmediatas y estructurales: créditos con tasa compensada respaldados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), más de 4 billones de pesos para saldar deudas acumuladas con hospitales públicos y la reasignación de recursos de manera directa a los prestadores. A esto se suma la reorganización de la red pública y la implementación de equipos básicos en todo el territorio, con el fin de reducir la mortalidad por desnutrición materno-infantil y enfermedades prevenibles como las diarreicas y respiratorias.
El jefe de la cartera cuestionó que mientras al actual gobierno se le han puesto obstáculos para financiar la reforma, en el pasado se entregaron cuantiosos recursos a las EPS sin claridad ni justificación. De acuerdo con la Contraloría, entre 2020 y 2023 no se tiene claridad sobre cerca de 15 billones de pesos, a lo que se suman copagos y cuotas moderadoras que pagan los usuarios —cerca de 1,5 billones anuales— que tampoco aparecen en los balances reportados.
Jaramillo fue enfático en señalar que las advertencias no son nuevas. Desde 2012, la Contraloría alertó que se giraban recursos a EPS que no cumplían con requisitos mínimos de capital, reservas y patrimonio. Sin embargo, dichas prácticas se mantuvieron durante años, con la consecuencia de que hoy el sistema enfrenta una crisis estructural. “Este no es un problema nuevo ni exclusivo de este gobierno. Es una crisis que se viene incubando desde hace décadas y que debemos resolver con una reforma de fondo”, aseguró.
En cuanto a la distribución del presupuesto, el ministro detalló que entre 2023 y 2024 la cartera de Salud incrementó en 12,9 % los recursos. Para 2024, se giraron a las EPS 87,8 billones de pesos, pero estas reportaron ingresos por 2,7 billones menos, cifra que genera dudas sobre la transparencia de su gestión. Además, cuestionó los anticipos por 5 billones de pesos entregados desde 2022, de los cuales el 85 % habría terminado beneficiando negocios propios de las aseguradoras, en ausencia de auditorías efectivas.
El funcionario recalcó la necesidad de “levantar el velo corporativo” y esclarecer el destino de los dineros públicos, luego de que algunas EPS incluso realizaron autopréstamos. “Se entregaban dineros sin control ni verificación de facturas”, denunció, al advertir que el Gobierno del presidente Gustavo Petro fue el que destapó estas prácticas que por años se habían mantenido en silencio. “Vino Petro y se acabó la fiesta”, puntualizó.
El proyecto de reforma establece, además, que cada hospital de primer nivel debe contar con servicios resolutivos de calidad, entre ellos ecografías, rayos X, cirugía básica, hospitalización, atención de urgencias y especialistas en ginecología, pediatría, medicina interna, psiquiatría y cirugía. Según el Ministerio, esta medida permitirá que procedimientos sencillos y electivos se realicen cerca de las comunidades, evitando remisiones innecesarias y mejorando la atención primaria.
El titular de la cartera enfatizó que la meta del Gobierno no es solo saldar deudas y cubrir déficits, sino transformar de manera estructural el sistema de salud colombiano, con transparencia en el manejo de los recursos y mayor presencia estatal en la prestación de servicios. “La reforma garantizará auditorías reales. Los gestores deberán revisar y auditar cada cuenta, lo que permitirá un uso responsable de los recursos y la seguridad de que cada peso invertido se traduzca en atención para los ciudadanos”, señaló.
El llamado al Congreso fue directo: avanzar en el debate legislativo sin más dilaciones. Para Jaramillo, la situación actual exige decisiones rápidas y de fondo, ya que prolongar la parálisis legislativa agrava el desfinanciamiento de clínicas y hospitales y prolonga la crisis que hoy enfrentan los pacientes. “Esta no es una disputa política, es un tema de vida o muerte para miles de colombianos que necesitan atención inmediata y digna”, concluyó.
El Ministerio de Salud reiteró que el compromiso del Gobierno del Cambio es con los usuarios y con el derecho fundamental a la salud. Por ello insistió en que la discusión parlamentaria debe priorizarse y recordó que la reforma busca cerrar las brechas históricas en la prestación de servicios, fortalecer la red pública y acabar con la intermediación financiera que ha puesto en riesgo la sostenibilidad del sistema.
Con información del Ministerio de Salud.
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