Ordenan medidas para antigua clínica en Santa Marta
La Personería Distrital de Santa Marta logró que el Tribunal Administrativo del Magdalena decretara medidas cautelares urgentes para mitigar los riesgos sanitarios, epidemiológicos y de seguridad en la antigua clínica de Puertos de Colombia, un inmueble que durante años ha permanecido en abandono y que se convirtió en foco de inseguridad, consumo de drogas y acumulación de basuras en pleno centro de la ciudad.
El personero distrital, Edwar Orozco Oñate, fue quien presentó la acción popular ante la justicia administrativa con el propósito de salvaguardar los derechos colectivos relacionados con la seguridad y salubridad pública, la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y la prevención de desastres técnicamente previsibles. Según lo expuesto, el deterioro del inmueble y su uso indebido por parte de habitantes de calle lo habían convertido en un grave riesgo para la comunidad.
Tras el estudio de la solicitud, el Tribunal Administrativo del Magdalena acogió los argumentos y ordenó a la Central de Inversiones S.A. (CISA) y a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas adoptar una serie de medidas inmediatas y obligatorias. En primer lugar, se dispuso que en un plazo máximo de 30 días se lleve a cabo la evacuación de los habitantes de calle que actualmente permanecen en el inmueble, ubicado en la calle 10B con carrera segunda.
En segundo lugar, la providencia judicial establece que de manera inmediata las entidades responsables deberán realizar la limpieza integral de la antigua clínica, así como proceder con el cierre perimetral del predio para evitar nuevos ingresos irregulares. Finalmente, el fallo contempla la obligación de implementar vigilancia permanente en la zona para impedir que la edificación vuelva a ser ocupada de forma indebida.
El personero distrital, Edwar Orozco Oñate, destacó que la decisión representa un avance clave en la recuperación de espacios estratégicos para la capital del Magdalena, al tiempo que contribuye a garantizar la protección de los derechos colectivos de la ciudadanía. “La Personería de Santa Marta seguirá actuando con firmeza en la defensa de los intereses de todos los ciudadanos, promoviendo acciones jurídicas que permitan recuperar espacios abandonados, deteriorados y prevenir riesgos para la comunidad”, manifestó Orozco.
La intervención judicial llega tras años de denuncias ciudadanas sobre el abandono de la antigua clínica Puertos de Colombia, inmueble que alguna vez fue una infraestructura de referencia en materia de servicios médicos y que hoy, por el descuido estatal y la falta de control, se convirtió en un escenario de inseguridad y deterioro urbano. La medida cautelar busca no solo atender los riesgos inmediatos, sino también abrir el camino hacia la recuperación definitiva de este patrimonio público.
En Santa Marta, el caso de la clínica Puertos de Colombia se suma a una lista de bienes en estado de abandono que requieren atención de las autoridades para evitar que se conviertan en focos de criminalidad y de afectación a la salubridad pública. La decisión del tribunal, respaldada por la acción de la Personería, marca un precedente en la defensa de los derechos colectivos frente al uso indebido de inmuebles estratégicos en la ciudad.
La resolución también plantea un reto para las entidades nacionales encargadas de la administración y recuperación de bienes públicos, que ahora deberán cumplir con los plazos y disposiciones fijados por la justicia. De su cumplimiento dependerá no solo la mitigación del riesgo inmediato, sino la recuperación efectiva de un espacio urbano que, de manera integral, debe ser reincorporado al desarrollo de la ciudad.
Este caso refleja la importancia de la intervención judicial en defensa de los derechos colectivos, así como la necesidad de articular esfuerzos entre entidades nacionales, distritales y ciudadanía para frenar el deterioro de inmuebles abandonados que representan un peligro para la seguridad, la salud y la convivencia. La Personería, por su parte, anunció que continuará utilizando herramientas jurídicas para garantizar la protección del patrimonio público y velar porque las medidas adoptadas se cumplan en los términos establecidos.
La comunidad de Santa Marta espera que este fallo sea el punto de partida para que se inicien procesos de recuperación no solo de la clínica Puertos de Colombia, sino también de otros inmuebles en estado de abandono que afectan la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos. De esta forma, se busca devolver estos espacios a un uso productivo y seguro que beneficie a toda la ciudad.
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