El Gobierno nacional impulsa la construcción participativa del Plan Decenal de Reforma Agraria desde las regiones del país.
La redistribución de tierras en Colombia se consolida como el eje central de la Reforma Agraria que impulsa el Gobierno nacional. Así lo afirmó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, durante el encuentro “Mandato por la tierra, el agua, el territorio, el ambiente y la vida”, realizado en la Universidad del Atlántico, donde participaron más de 200 representantes de comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras. El evento sirvió como escenario para la construcción participativa del Plan Decenal de Reforma Agraria, una política que busca garantizar justicia social y sostenibilidad en el campo colombiano.
Carvajalino explicó que ya se han gestionado más de 670.000 hectáreas destinadas al Fondo de Tierras, y recalcó que este proceso no se limita a un solo gobierno. “La Reforma Agraria en Colombia es una tarea colectiva y de largo plazo. Estamos recibiendo el mandato popular para consolidar un pacto que asegure la continuidad de este proceso en las próximas décadas”, señaló. La ministra destacó que el movimiento agrario necesita una ruta clara, planificada y organizada para que los cambios estructurales en el campo no se detengan con la alternancia de gobiernos.
El encuentro también contó con la participación del viceministro de Desarrollo Rural, José Luis Quiroga, quien resaltó el carácter histórico de este mandato. “Después de décadas de lucha, hoy son las comunidades rurales quienes diseñan el futuro del campo. Este proceso marca el inicio de una Reforma Agraria integral y participativa que hará de Colombia un referente mundial en políticas agrarias y justicia territorial”, subrayó.
La voz de las comunidades fue protagonista en Barranquilla. Líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes expresaron sus propuestas y preocupaciones, enfocándose en la tierra, el agua, el ambiente y la paz territorial. Angélica Reneals, representante del campesinado, insistió en que el agua es un recurso estratégico para la sostenibilidad agrícola, particularmente en el sector arrocero. “Una gestión adecuada del agua reduce riesgos, fortalece la seguridad alimentaria y aumenta la resiliencia frente al cambio climático. Mientras el arroz de riego ofrece mayor estabilidad, el de secano sigue siendo vulnerable a la variabilidad climática”, sostuvo.
Desde la perspectiva indígena, Carlos Sánchez enfatizó en la relación entre tierra y paz. “La Reforma Agraria no es solo distribución de tierras, también es proteger el ambiente y garantizar la vida. Donde hay alimento, hay paz. Los pueblos indígenas, campesinos y afro estamos unidos en este compromiso porque el campo es la vida”, afirmó.
Por su parte, Piedad Guzmán, de la Convención Nacional Campesina, insistió en que el mandato por la tierra debe traducirse en acciones concretas: “Somos sembradores de la tierra y guardianes de la vida. Este pacto lo cosecharemos con acciones tangibles que consoliden una Reforma Agraria territorial y popular”.
El encuentro incluyó la instalación de cuatro mesas de trabajo temáticas que abordaron: tierra y territorialidades; garantías para la vida, los derechos y la autonomía; transformaciones estructurales e institucionales necesarias para una reforma agraria integral; y el papel de las mujeres rurales y de la pesca. Estas discusiones servirán de base para estructurar los componentes del Plan Decenal de Reforma Agraria y del Conpes que definirá la política oficial.
Uno de los puntos más destacados fue la participación de mujeres rurales, quienes resaltaron la necesidad de incluir la perspectiva de género en las políticas agrarias. De acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura, cerca del 30 % de los hogares rurales en Colombia son liderados por mujeres, lo que evidencia su rol fundamental en la producción de alimentos y en el sostenimiento de la economía campesina.
El proceso participativo no se limitará al Atlántico. Según lo anunciado, en los próximos meses se realizarán cinco encuentros adicionales en diferentes regiones del país: Andina, Amazonía, Suroccidente-Litoral Pacífico, Orinoquía-Altillanura e Insular. Estos espacios buscan recoger la diversidad territorial de Colombia y asegurar que cada región aporte su visión y propuestas a la Reforma Agraria en Colombia.
Expertos en desarrollo rural destacan que esta iniciativa puede convertirse en una de las más trascendentales de la última década, siempre y cuando logre mantenerse como una política de Estado y no como un programa de gobierno pasajero. La redistribución de tierras, acompañada de garantías de acceso al agua, infraestructura, créditos y asistencia técnica, es vista como clave para cerrar las brechas sociales entre el campo y la ciudad.
La historia reciente de Colombia demuestra que los conflictos por la tierra han sido uno de los principales factores de violencia. Por eso, este proceso de redistribución no solo busca justicia económica, sino también la construcción de paz territorial. Líderes sociales afirman que cuando las comunidades tienen acceso a la tierra y a los recursos naturales de manera equitativa, se reducen las tensiones y se abren caminos para el desarrollo sostenible.
El Ministerio de Agricultura también insistió en que la Reforma Agraria debe estar conectada con la transición hacia una producción agroecológica y sostenible. Esto significa promover prácticas que respeten los ecosistemas, reduzcan el impacto ambiental y fortalezcan la seguridad alimentaria. En este sentido, los pueblos indígenas y afrodescendientes han compartido sus saberes ancestrales como herramientas valiosas para diseñar políticas agrarias con enfoque territorial y ambiental.
Los próximos pasos incluyen la sistematización de las propuestas recogidas en las mesas de trabajo y la consolidación del Plan Decenal de Reforma Agraria. Este documento será la hoja de ruta que guiará al país en la transformación del campo durante la próxima década, con metas claras y mecanismos de seguimiento.
La ministra Carvajalino concluyó que el éxito de este proceso dependerá de la participación activa de las comunidades rurales, la voluntad política del Estado y el compromiso de toda la sociedad. “Redistribuir la tierra no es una tarea fácil, pero es la única manera de garantizar equidad, paz y desarrollo en Colombia. La Reforma Agraria es un pacto social que se construye entre todos”, puntualizó.
De esta manera, Barranquilla se convirtió en el escenario donde el campo colombiano levantó su voz y reafirmó que la redistribución de tierras en Colombia no es solo un desafío económico, sino una oportunidad histórica para transformar la ruralidad y sentar las bases de un futuro más justo e inclusivo.
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