Petro propone Asamblea Constituyente: “Es la nueva fase de la lucha popular en Colombia”
El presidente Gustavo Petro anunció que la nueva fase del llamado Gobierno del Cambio será la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, con el objetivo de garantizar la implementación de las reformas sociales y consolidar el poder popular. La declaración se dio durante la entrega de 18.000 hectáreas de tierra a campesinos en La Dorada, Caldas, como parte de la Reforma Agraria que lidera su administración en el Magdalena Medio.
El mandatario explicó que la Constituyente sería el camino para asegurar que reformas como la de la salud y la pensional no sean frenadas por lo que denominó “intereses que quieren poner conejo a los compromisos adquiridos con el pueblo”. Según el presidente, la apuesta busca consolidar un verdadero Estado Social de Derecho que cumpla los mandatos de la Constitución de 1991, pero que en la práctica fue truncado por dinámicas de violencia y gobernanza paramilitar que dejaron más de 200.000 muertos en el país.
Petro sostuvo que no se trata de redactar una nueva Constitución, sino de garantizar que la actual se convierta en una realidad tangible. En sus palabras, el reto es que el Estado deje de ser percibido como un “Estado mafioso” y cumpla con su papel como garante de derechos sociales, económicos y políticos. Para ello, instó a las comunidades, organizaciones campesinas y movimientos sociales a organizarse y unirse en torno a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.
El jefe de Estado subrayó que esta iniciativa no es una consulta popular ni un referendo, sino un paso político y constitucional amparado en los mecanismos que ya prevé la Carta Política de 1991. Con esta ruta, el Gobierno plantea una movilización nacional que involucre a campesinos, trabajadores, comunidades indígenas, afrocolombianas, estudiantes y sectores sociales que históricamente han reclamado transformaciones estructurales.
El anuncio generó un fuerte eco político en un país donde la figura de la Constituyente ha sido tema recurrente en momentos de crisis institucional. Expertos en derecho constitucional recuerdan que el artículo 376 de la Constitución establece que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente puede realizarse mediante una ley aprobada por el Congreso de la República, la cual debe ser sometida a referendo ciudadano para su legitimación. Una vez convocada, los ciudadanos eligen a los delegados que conformarán el organismo encargado de deliberar y aprobar los cambios.
Históricamente, en Colombia la Constituyente de 1991 fue el mecanismo que permitió reemplazar la Constitución de 1886 y dio origen a la actual Carta Política. En ese momento, se abrió camino a derechos fundamentales, participación ciudadana y descentralización administrativa. Sin embargo, analistas sostienen que las deudas sociales y económicas aún persisten, y que esa es la base del argumento que ahora impulsa el presidente Petro para promover un nuevo proceso constituyente.
Durante el evento en La Dorada, Petro también vinculó la idea de la Asamblea con el avance de la Reforma Agraria. Según el mandatario, los resultados concretos de la entrega de tierras son prueba de que el Estado puede recuperar predios que estuvieron en manos de narcotraficantes, paramilitares y testaferros, para devolverlos a campesinos que históricamente fueron despojados. En ese sentido, subrayó que la Constituyente sería una garantía de continuidad para políticas de redistribución y justicia social que puedan trascender los límites de un periodo presidencial.
El debate sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente ha dividido opiniones en el ámbito político y académico. Algunos sectores del Congreso y expertos advierten que este mecanismo podría abrir la puerta a reformas que alteren la arquitectura institucional del país, incluyendo el equilibrio de poderes. Otros consideran que puede ser una oportunidad para blindar derechos sociales y garantizar que las reformas en salud, pensiones, educación y trabajo tengan una base constitucional sólida.
La propuesta se produce en un contexto de tensiones entre el Gobierno y el Congreso, donde varias de las reformas sociales impulsadas por la administración Petro han enfrentado obstáculos para avanzar. El mandatario afirmó que la Asamblea Constituyente sería una herramienta legítima para destrabar esas iniciativas, en un escenario donde la gobernabilidad se ha visto en entredicho.
Además, el anuncio ocurre en paralelo a una coyuntura compleja en materia de seguridad y economía, donde el Gobierno enfrenta el reto de mantener la estabilidad mientras impulsa transformaciones estructurales. En ese sentido, Petro ha reiterado que el poder popular debe ser el motor del cambio, convocando a la ciudadanía a respaldar este proyecto.
Desde la Casa de Nariño, se espera que en las próximas semanas se presenten los lineamientos de cómo se buscaría articular la convocatoria con sectores sociales, partidos políticos y organizaciones ciudadanas. Aunque aún no se ha trazado un cronograma oficial, el presidente sugirió que los primeros pasos podrían darse en 2026, utilizando los mecanismos legales previstos en la actual Constitución.
La posibilidad de una Asamblea Constituyente en Colombia ya se perfila como uno de los temas que dominará el debate político en los próximos meses. Mientras unos la ven como un riesgo de inestabilidad institucional, otros la interpretan como una oportunidad histórica para materializar el Estado Social de Derecho y consolidar las reformas prometidas por el Gobierno del Cambio.
El presidente Petro concluyó su intervención destacando que la fase constituyente será un compromiso no solo de su administración, sino también de los sectores sociales que demandan transformaciones profundas. De esta manera, el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente se convierte en uno de los pilares políticos más ambiciosos de su mandato, con implicaciones directas para el rumbo del país en los próximos años.
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