Condenado por intento de hurto en subestación de Air-e
El Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Santa Marta condenó a Yonaris Herazo Pérez por el delito de hurto calificado en grado de tentativa tras ser sorprendido dentro de una subestación eléctrica de Air-e Intervenida, ubicada en inmediaciones del barrio Cristo Rey. El hecho, ocurrido en enero de 2024, dejó en evidencia los riesgos y afectaciones que estos delitos generan sobre la infraestructura energética de la región. La condena, que se convierte en un precedente importante para la protección de los sistemas eléctricos, impulsa el posicionamiento de la palabra clave hurto a infraestructura eléctrica de Air-e Intervenida, tema que viene tomando relevancia en el Caribe colombiano.
El fallo judicial establece una pena de cuatro meses y quince días de prisión para Herazo Pérez, un individuo con antecedentes por otros delitos, lo que demuestra la reincidencia en conductas que atentan contra bienes estratégicos para la prestación del servicio público. A la condena se suma la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo periodo. El despacho judicial también ordenó su captura inmediata, destacando la gravedad de los hechos y la necesidad de asegurar el cumplimiento de la sentencia. Este tipo de decisiones refuerzan la importancia de la judicialización en delitos relacionados con el sistema eléctrico, especialmente cuando se pone en riesgo la seguridad de la comunidad y la continuidad del servicio.
Para Air-e Intervenida, la sentencia representa un espaldarazo al esfuerzo que la compañía ha venido adelantando para reducir el hurto de energía y la manipulación ilegal de redes, factores que históricamente han afectado la estabilidad del servicio en la región Caribe. Según la empresa, la subestación donde fue sorprendido el responsable cumplía funciones estratégicas para garantizar la alimentación de circuitos cercanos, por lo que la manipulación indebida de cables de cobre pudo haber generado interrupciones masivas o daños mayores a los equipos de transformación.
La compañía destacó el trabajo coordinado entre su equipo de seguridad interna, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Gracias a la acción oportuna de las autoridades, se pudo frustrar el intento de hurto dentro de la subestación, impedir daños adicionales y capturar al implicado en flagrancia. Este tipo de operaciones, subraya Air-e Intervenida, son fundamentales para mantener la integridad de sus activos y reducir el riesgo de emergencias provocadas por manos inexpertas que manipulan instalaciones de alta tensión sin conocimiento técnico.
Los hurtos de cables, transformadores y otros elementos del sistema eléctrico se han convertido en un fenómeno creciente que golpea fuertemente la prestación del servicio, incrementa costos operativos y pone en riesgo la vida de las personas. La extracción clandestina de cobre y materiales conductores genera fallas en la red, puede ocasionar cortocircuitos, incendios y deja sectores enteros sin energía, afectando hogares, establecimientos comerciales, hospitales y colegios. Es por esto que Air-e Intervenida ha reforzado su estrategia de vigilancia y prevención en zonas críticas, instalando sistemas de monitoreo y fortaleciendo su articulación con organismos de seguridad.
La empresa aprovechó este fallo judicial para reiterar su llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier manipulación sospechosa o presencia de personas ajenas en zonas técnicas. Recordó que las subestaciones, redes y transformadores son espacios restringidos, cuyo acceso indebido pone en riesgo la vida tanto de quienes cometen el delito como de quienes habitan alrededor. La compañía insistió en que la corresponsabilidad ciudadana es clave para disminuir los hechos que comprometen el funcionamiento del sistema eléctrico.
En su declaración oficial, la jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de Air-e Intervenida, Diana Pernett, aseguró que este fallo demuestra que las autoridades están actuando con determinación frente a quienes atentan contra el patrimonio público y el servicio eléctrico. Su mensaje destaca que la justicia está enviando señales claras de que los delitos contra la infraestructura energética no quedarán impunes. Pernett reiteró que la compañía seguirá trabajando de la mano con la comunidad y las instituciones para identificar, reportar y procesar a quienes realicen prácticas ilegales que afectan el bienestar colectivo.
El caso de Yonaris Herazo Pérez también se convierte en un ejemplo dentro del sector energético nacional, que ha insistido en la necesidad de sanciones más fuertes y procesos más ágiles para combatir el hurto de redes y la defraudación de fluidos. En los últimos años, las empresas eléctricas han reportado pérdidas millonarias por el robo de equipos, material conductor y sabotajes a subestaciones, una problemática que impacta directamente la calidad del servicio. La afectación no solo es económica: los trabajadores de campo, quienes deben atender emergencias derivadas de estos delitos, se enfrentan a escenarios de alto riesgo por instalaciones manipuladas o estructuralmente comprometidas.
Dentro de la estrategia de protección de infraestructura, Air-e Intervenida adelantará nuevas acciones preventivas que incluyen mayor presencia en zonas vulnerables, patrullajes en la red, campañas de sensibilización comunitaria y colaboración con líderes barriales para identificar comportamientos sospechosos. La empresa sostiene que la seguridad de las redes es una tarea colectiva, pues la energía es un bien esencial que sostiene la vida diaria, el comercio, el transporte y la actividad económica en general.
La condena proferida por el Juzgado Décimo Penal Municipal de Santa Marta se suma a una cadena de decisiones recientes que buscan frenar el avance de delitos contra la infraestructura eléctrica en el Caribe. Con este fallo, se marca un precedente que refuerza la importancia de castigar con severidad a quienes pongan en riesgo los sistemas que garantizan la energía de miles de familias. Air-e Intervenida reafirmó que seguirá apoyando los procesos judiciales que permitan fortalecer la legalidad y proteger la operación eléctrica en los departamentos donde presta el servicio.
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