Educación superior en Colombia muestra avances pese a críticas de la OCDE
El más reciente informe Education at a Glance 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló el panorama de la educación superior en Colombia con cifras correspondientes al año 2022, justo cuando comenzó el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Los datos reflejan un diagnóstico preocupante, pero el Ministerio de Educación Nacional insiste en que la situación actual muestra mejoras significativas gracias a los programas implementados desde entonces para fortalecer la cobertura, reducir la deserción y garantizar mayor acceso a la educación superior en Colombia.
De acuerdo con la OCDE, en 2022 apenas el 16 % de los estudiantes universitarios lograban graduarse en el tiempo previsto, frente a un promedio del 43 % en los países miembros de la organización. Además, el 22 % de los jóvenes abandonaban sus estudios en el primer año, un índice 9 puntos porcentuales por encima de la media internacional. Estas cifras pusieron de relieve las brechas estructurales que ha enfrentado históricamente el sistema educativo colombiano.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, explicó que estos resultados corresponden al panorama recibido por el actual Gobierno, por lo que no pueden evaluarse como un balance de gestión de los últimos tres años. “Esos datos de 2022 no nos consuelan, pero sí nos retan. Por eso desde entonces hemos puesto en marcha programas que buscan transformar la educación superior, garantizar la gratuidad y reducir la deserción”, aseguró el funcionario en Bogotá.
Entre las estrategias más relevantes implementadas para revertir la situación destaca el programa Colegio Universidad, que permite a los estudiantes iniciar formación técnica o profesional desde el colegio, sin necesidad de trasladarse a las grandes ciudades. De esta manera, las universidades llegan a municipios apartados, lo que facilita que jóvenes de zonas rurales accedan a educación superior en Colombia. Para 2024, más de 19.000 estudiantes estaban vinculados al programa, y la meta para 2025 es llegar a 35.000 beneficiarios en más de 200 municipios de los 32 departamentos del país. La proyección para 2026 es alcanzar 59.500 estudiantes beneficiados.
Otra apuesta clave es el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES), diseñado para apoyar a jóvenes de zonas vulnerables con acceso preferencial a universidades públicas. Este programa incluye financiación y nivelación académica, y para 2025 ya beneficia a 5.045 estudiantes en 30 municipios de 17 departamentos, con una inversión superior a los 22.000 millones de pesos.
La Política de Gratuidad es otro de los ejes fundamentales de la estrategia gubernamental. Actualmente cubre al 97 % de los estudiantes de pregrado en universidades públicas, lo que representa más de 902.000 beneficiarios. La inversión total para este propósito supera los 2,9 billones de pesos en 2025. Esta medida ha sido considerada por expertos como una de las más importantes en términos de democratización del acceso a la educación superior en Colombia.
En paralelo, el Gobierno avanza en una inversión histórica en infraestructura de universidades públicas. Según cifras oficiales, se desarrollan 129 proyectos en distintas etapas, que incluyen dotaciones, construcción pesada, módulos prefabricados, edificaciones con steel framing y compra de inmuebles para fortalecer la capacidad instalada de las instituciones educativas. Con esto se busca responder al crecimiento de la matrícula y mejorar las condiciones de enseñanza.
Los esfuerzos ya empiezan a reflejarse en algunos indicadores. Según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), la tasa de graduación en universidades llegó al 44,2 % en 2023, mientras que en programas técnicos y tecnológicos alcanzó el 38,1 %. En cuanto a los resultados de las pruebas Saber Pro, el promedio de las universidades públicas pasó de 146,7 puntos en 2022 a 148,7 en 2024, lo que se interpreta como una señal de recuperación académica.
El Ministerio de Educación resalta que estas políticas no se limitan a la financiación, sino que incluyen estrategias de permanencia y acompañamiento académico, con el fin de cerrar brechas sociales y regionales. De hecho, expertos señalan que uno de los grandes desafíos para la educación superior en Colombia es garantizar que los estudiantes no solo accedan, sino que logren culminar sus programas con calidad y pertinencia laboral.
El informe de la OCDE fue interpretado por algunos sectores como un llamado de atención, pero desde el Gobierno se subraya que se trata de una radiografía del pasado. “Los indicadores de deserción y graduación a tiempo corresponden al diagnóstico inicial de 2022, no a los avances que hoy tenemos. Estamos transformando la educación superior en Colombia para que sea un derecho real y no un privilegio”, puntualizó el ministro Daniel Rojas.
Con estas acciones, el Gobierno busca que hacia el 2026 se consolide un modelo en el que la educación superior en Colombia sea accesible para todos, con igualdad de oportunidades, pertinencia regional y mejores indicadores de permanencia. Sin embargo, analistas coinciden en que el reto es enorme, pues se requiere articular a las universidades, los gobiernos locales y el sector productivo para que la formación de los jóvenes responda a las demandas de un mercado laboral en constante transformación.
El debate sobre la educación superior en Colombia sigue siendo central en la agenda pública. Mientras la OCDE evidencia las dificultades históricas, las cifras recientes muestran un cambio de tendencia que podría marcar un punto de inflexión si se logra mantener el ritmo de inversión y cobertura. Para muchos, el verdadero desafío será garantizar la sostenibilidad de estos programas en el largo plazo, más allá del actual periodo presidencial.
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