Nueva Ley Minera en Colombia: Gobierno radicará proyecto tras participación de 20 mil personas
El Ministerio de Minas y Energía radicará este 1 de octubre en el Congreso de la República el proyecto de la nueva Ley Minera en Colombia, una iniciativa que se construyó con la participación de más de 20 mil personas en un proceso de socialización y consulta previa sin precedentes en el país. La propuesta busca transformar el modelo actual, recuperar la soberanía sobre los minerales y promover una minería ordenada, responsable y alineada con la transición energética.
Durante los últimos meses, el Gobierno adelantó foros, mesas étnicas y audiencias públicas que incluyeron la participación de 13.000 integrantes de 115 pueblos indígenas y alrededor de 400 organizaciones afrocolombianas. Asimismo, se recibieron 266 comentarios de sectores económicos, sociales y ambientales, lo que garantiza que el proyecto tenga un carácter plural y diverso. También hicieron parte del proceso las Comisiones Quintas de Cámara y Senado, fortaleciendo el diálogo con el Congreso antes de la radicación.
El proyecto de nueva Ley Minera plantea un marco normativo que reconoce derechos diferenciales para comunidades étnicas, impulsa la transición energética y establece un mayor control sobre la actividad para mitigar impactos ambientales y sociales. Entre los principales alcances se encuentra la planificación y ordenamiento minero con zonas excluidas (ZEM) y zonas aptas (ZAM), la prohibición de la minería en espacios marinos, costeros y de carbón térmico, así como un régimen especial para pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, con derecho de prelación en la explotación de recursos.
Otro de los ejes centrales es la transición hacia un modelo que supere el extractivismo, promueva la soberanía energética y fortalezca la economía productiva. Para ello, se plantea que el conocimiento geológico se reconozca como utilidad pública y se incentive la investigación y transferencia tecnológica.
En materia de responsabilidad empresarial, la nueva ley exigirá licencias ambientales desde la fase de exploración, un cierre progresivo integral que abarque lo minero, ambiental y laboral, así como mayores compromisos frente a los impactos en comunidades y ecosistemas. El régimen económico también tendrá ajustes: se modificarán las reglas de regalías y canon superficiario, se incorporarán pagos sobre ganancias bursátiles y se definirán contraprestaciones relacionadas con la producción y precios internacionales.
El Gobierno ha incluido además un marco especial de formalización y reconversión productiva para pequeños mineros y mineros tradicionales. Durante tres años estará abierto un registro que permitirá acceder a contratos diferenciales y medidas de apoyo para migrar hacia modelos productivos sostenibles.
En cuanto a la fiscalización, se fortalecerán las sanciones con nuevas causales de caducidad, incluyendo daños a fuentes hídricas, violaciones de derechos humanos y uso de mano de obra infantil. Asimismo, se obligará a que al menos el 50% de la mano de obra contratada en proyectos mineros provenga de las regiones donde se desarrollan, fomentando encadenamientos productivos locales y transferencia de tecnología.
Con esta iniciativa, el Gobierno nacional pretende que el Congreso discuta un proyecto que, según el Ministerio de Minas y Energía, responde a los reclamos históricos de las comunidades, la necesidad de proteger el ambiente y la urgencia de adaptar el sector minero a los desafíos del cambio climático y la transición energética. La expectativa es que el debate legislativo permita consolidar un marco regulatorio robusto que transforme la minería en un motor de desarrollo sostenible, equitativo y responsable para el país.
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